Coparmex ve con recelo la legislación

La Extinción de Dominio está diseñada para combatir el poderío económico de la delincuencia organizada, no para crear incertidumbre a los ciudadanos expuestos a una conducta errónea, excesiva o represiva del Estado, indicó Gustavo de Hoyos Wather, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pero también advirtió que esa ley puede despojar de sus propiedades a ciudadanos de buena fe.

“Como cuando se presenten faltas administrativas relacionadas con la violación o remoción de sellos de clausura en establecimientos mercantiles, que podrán ser tipificados y aplicables a esta figura, aun cuando dicha falta haya sido cometida por terceros y no por el dueño de un bien inmueble objeto de algún proceso penal”, señaló.

Precisó que ,en la normatividad hasta hoy vigente, la extinción de dominio se limitaba exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, con la legislación aprobada por las Cámara de Diputados y el Senado, el número de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría de cinco hasta llegar a 245.

Calificó como “excesivo” que se faculte al Gobierno a apoderarse de bienes sin que medie la sentencia de un juez que determine la realización de conductas que puedan ameritar una acción de esa envergadura jurídica.

“Las prácticas confiscarías, son propias de regímenes autocráticos.

Nunca deben tener lugar en un Estado basado en el respeto a los derechos fundamentales y en la democracia”, sostuvo.

Expresó además que el organismo que encabeza respalda las acciones del Gobierno para enfrentar la delincuencia y la corrupción, pero dejó en claro que esas tareas no deben tener como base leyes que “impliquen un riesgo en contra de los derechos humanos, al ignorar la presunción de inocencia, y dejar vulnerable la propiedad privada”.

“Al establecerse en la Ley Nacional de Extinción de Dominio la desposesión e incluso la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, se genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso”, resaltó.

Hizo un llamado al Presidente para que haga uso de la facultad que le confiere la Constitución Política, y realice las observaciones pertinentes a la referida normatividad a fin de ejercer el derecho de veto, acotando los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico.