Covid-19 agudizará violencia e impunidad, analistas de la IP

En los últimos 40 años el ritmo de crecimiento ha sido históricamente bajo, su tasa promedio anual es de 2.4 por ciento. Y es posible prever una tasa inferior en los años subsecuentes, con excepción de un “rebote” en buena parte automático que se presentará en 2021 de violencia e impunidad, aseguran expertos del sector privado.

“Es muy factible que al concluir este sexenio se hayan agudizado la mayoría de los problemas que aquejaban al país en 2018. Por ahora las señales van en esa dirección”, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global, el elevado nivel de corrupción que llevó al gobierno de Peña Nieto a ocupar la posición 113 de un universo de 140 países en el último año de su gobierno, ya fue superado en el primer año de esta administración al ubicarse en el lugar 116.

“En el primer año y medio de este gobierno se acumulan casi 54 mil muertos por la violencia que vive el país, lo que representa casi 45 por ciento del total de víctimas en todo el sexenio de Felipe Calderón.

“La situación del país es mala y su expectativa es cada vez peor sin una política económica adecuada y eficiente. Al parecer la prioridad del Gobierno Federal es mantener su fuerza política a través de anuncios sobre su empatía con la población de menores ingresos, en los que confirma la permanencia de sus programas asistenciales”, subrayan los especialistas del CCE.

En su análisis semanal, apuntan que es necesario mantener la atención en la gravedad del estado de la economía y la salud y exigir correcciones; “sobre todo ante temas claramente distractores para la opinión pública como seguramente será en estos días la extradición de Emilio Lozoya y su relacionamiento con varias instancias de corrupción del pasado. Eso es importante, y mucho desde luego, pero no debe convertirse en una cortina de humo para esconder la gravedad de la situación del país”.

Para el Ceesp, en los últimos meses que la pandemia Covid-19 ha lacerado significativamente a la población y a la economía, la información ha sido contradictoria y ha propiciado dudas en cuanto a los peligros en torno a la salud, a la veracidad de la información y a la eficiencia del Gobierno federal para combatirla.

Las estimaciones indican que México solo ha destinado recursos por debajo del 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en medidas para enfrentar la crisis sanitaria, cuando en Japón se han canalizado recursos equivalentes al 21 por ciento de su PIB, en Estados Unidos al 13 y en Perú casi del 9 por ciento.

“Todo indica que las medidas oficiales para enfrentar la epidemia por el lado de salud han sido improvisadas y mal diseñadas. Haber monitoreado la pandemia mediante un limitado número de pruebas de contagio, generó un subregistro de todas las cifras, con lo que se desestimó la fuerza del problema y se justificó que los recursos destinados a enfrentar la situación fuesen escasos, al menos al inicio. El 27 de mayo, ante el Senado, el subsecretario

López Gatell señaló que hacer muchas pruebas era costoso e inútil”, refieren los analistas de la iniciativa privada.

Citan que en México solo se han hecho 6 mil pruebas por millón de habitantes, mientras que en países como Estados Unidos se han elaborado 136 mil, en España 129 mil, en Italia 101 mil y en Perú 60 mil, sólo por nombrar algunos ejemplos.

En México, solamente se han dado algunos adelantos de los programas sociales que ya existían en el presupuesto que fue preparado previamente a la epidemia y se puso en marcha un programa de crédito a la palabra para las microempresas que no han despedido trabajadores, mediante el cual se han apoyado a sólo 208 mil establecimientos con créditos de 25 mil pesos a tasas de interés de 6.5 por ciento, argumenta el Ceesp.

El resultado de la pandemia en cuanto a la pérdida de vidas ha sido dramático, pero también ha empeorado gravemente la ya deteriorada situación económica de numerosas personas y sus familias. En los primeros dos meses del segundo trimestre 12 millones de personas dejaron de trabajar; además, la necesidad real de empleos remunerados y de tiempo completo se elevó a 34 millones, después de los casi 13 que se reportaban en marzo. Dentro del empleo formal, los trabajadores más afectados fueron los de menores ingresos. De acuerdo con las cifras de IMSS, el 91 por ciento de la reducción del millón de empleados registrados tenían ingresos de hasta dos salarios mínimos.

A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno federal ha rechazado las propuestas de muchos actores sociales, incluido el sector privado organizado, para apoyar a las empresas –mediante facilidades, no condonaciones- a fin de que pudieran proteger el empleo y evitar que la crisis de liquidez se convirtiera en insolvencia que llevara a la desaparición duradera de muchas fuentes de empleo. Todo esto bajo el argumento de que las acciones y recursos del gobierno no se utilizarán para rescatar empresas y que para apoyar al pueblo es suficiente anticipar recursos para algunos programas sociales y avanzar en los proyectos de inversión insignia del régimen -cabe subrayar que los programas sociales no fueron diseñados para hacer frente a esta coyuntura y que la rentabilidad social de las inversiones es dudosa, por decir lo menos-, concluyen los analistas de la IP.