Desarrollo con transparencia

Columnas jueves 15 de agosto de 2019 -

De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, en el mundo 125 países ya han adoptado leyes que otorgan a las personas el derecho a acceder a la información en poder de las autoridades. No obstante, 40 de ellos no cuentan con una autoridad nacional autónoma que garantice esta prerrogativa y otros derechos humanos. Estos organismos son importantes, porque además de resolver las inconformidades de la ciudadanía, tienen entre sus funciones el promover y difundir el derecho humano a saber.

Dicho informe fue expuesto en el marco del Foro Polític o de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2019, celebrado en julio en la sede de la ONU. Así mismo, se analizaron los avances que las naciones han tenido para consolidar los diferentes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): una educación de calidad (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), reducción de las desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13), paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), y alianzas para lograr objetivos (ODS 17).

La delegación mexicana fue encabezada por Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así como de servidores públicos de los poderes judicial y legislativo, miembros de gobiernos locales, del Consejo Coordinador Empresarial, la Fundación Arco Iris y la autora de estas líneas, en representación del Instituto Nacional de Transparencia.

En el panel organizado por la UNESCO, sobre la importancia del acceso a la información para la paz, justicia e instituciones sólidas, expuse como en México la transparencia se ha posicionado como una política transversal, nacida desde y para la ciudadanía.

Un instrumento para conocer el uso de los recursos públicos y la actuación de las autoridades; una poderosa llave para acceder y ejercer otros derechos.

La transparencia es la vía para avanzar en el cumplimiento de otros ODS como la salud, la educación y la igualdad de género, al dotar a la sociedad y a los actores públicos de información útil para integrar mejor sus propuestas e iniciativas.

Reconocemos las tareas pendientes que enfrentamos como Estado y sabemos que, en materia de transparencia, el desafío más grande es hacer del derecho a la información un insumo socialmente útil para continuar identificando, y denunciando la opacidad en el quehacer público. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a saber fortalecerá la capacidad ciudadana de retroalimentación e intervención en los procesos de toma de decisión, y con ello se enriquecerán los procesos de gobierno.

Es preciso formar alianzas y articular estrategias para materializar mejores condiciones que permitan cumplir a cabalidad las metas establecidas en la Agenda 2030, de manera que se desarrollen estrategias efectivas para erradicar la pobreza y desigualdad.

Ello sólo será posible con apertura, voluntad y conocimiento; la información pública es vía para todo ello.

•Comisionada del INAI