Designación de la nueva titular de la CNDH

Más allá de las consideraciones de fondo sobre la persona designada, y lo relevante que resultará para la institución el cambio de paradigma (para bien o para mal) al ser la primera vez, desde la fundación de este organismo en 1990, que la designación no recae en una persona con perfil académico sino de lucha social; es importante realizar algunas consideraciones sobre el proceso legislativo que dio lugar a dicha designación.

Ello, en virtud de la importancia que reviste en el modelo de protección de derechos humanos, según los Principios de París, (acuerdo internacional que regula las características y el perfil que este tipo de instituciones deben mantener), la legitimidad de origen en la designación para garantizar su adecuada labor.

Contar con una persona titular de la CNDH con una legitimidad cuestionada por vicios del procedimiento de designación ante la Cámara de Senadores, sería un grave problema para su buen funcionamiento y desempeño.

Cabe recordar que la terna que fue votada por el Senado de la República en dos ocasiones, con fecha 31 de octubre, sin que ninguno de los aspirantes obtuviera la mayoría calificada; se votó por tercera y última ocasión el 7 de noviembre del presente año, dando como resultado la siguiente votación:

De los 114 votos emitidos, Rosario Piedra obtuvo las dos terceras partes (76 votos), Arturo Peimbert Calvo alcanzó 24 y José de Jesús Orozco Henríquez, ocho. Asimismo, se contabilizaron seis abstenciones.

Las dudas en el procedimiento de designación, se presentaron a partir de una irregularidad en el propio procedimiento, que no debería poner en duda la legitimidad de la designación, ya que se permitió a dos senadores depositar el voto de otros dos senadores, lo cual altera el principio de intransferibilidad del voto. Los presentes en la votación fueron 114 Senadores, y no 116. Por eso 76 votos representa las dos terceras partes requeridas.

De ello se puede concluir que, aunque de manera apretada, la persona designada como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024, goza de legitimidad de origen en la designación. Lo contrario sería un atentado contra la independencia y autoridad moral que este organismo debe guardar en su desempeño durante los próximos cinco años, y resultaría muy grave, dada la necesidad de fortalecer el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en nuestro país.