Dichos del GIEI ayudaron a excarcelar a los presos

Para el penalista Juan Velásquez, los constantes señalamientos de los padres de los 43 normalistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre tortura en los detenidos por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos contribuyeron a que fueran excarcelados 77 delincuentes.

“Los papás y los abogados de los desaparecidos en mucho contribuyeron a la demolición que se está viendo en este caso. Porque continuamente estuvieron criticando el actuar de las autoridades que investigaron y reforzaron el motivo de los jueces para absolverlos. El propio GIEI también dio argumentos al juez para excarcelar a estar personas”, dijo el abogado a ContraRéplica.

“En su Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, se establece que un 80 por ciento de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos García habían sido torturados, lo que fue tomado en cuenta por jueces para liberar a 77 de los detenidos.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tuvo conocimiento, a través de la revisión del expediente y un estudio preliminar encargado al Dr. Francisco Etxeberría, experto en investigación de esos casos, de numerosos informes médicos que recogían lesiones físicas en casi 80 por ciento de los detenidos”, señala en su reporte ese grupo que se integrará de nuevo para participar en las investigaciones sobre el caso Iguala.

Y señala en la página 78 del referido informe que “hay que tener en cuenta que algunos de los inculpados denunciaron torturas, y de algunos de ellos los indicios han sido analizados”, y agrega que en entrevistas con algunos de los inculpados, éstos denunciaron “maltratos o torturas”.

Velásquez explicó que el juez que liberó a 24 detenidos este fin de semana, Samuel Ventura Ramos, “aduce que en muchas de las pruebas de cargo contra los inculpados fueron obtenidas ilegalmente. Si esas pruebas fueron obtenidas mediante tortura, el juez no las pudo considerar, sino desechar. Este desechamiento es lo que está provocando ahora una falta de pruebas y la absolución de los que la entonces Procuraduría General de la República consideró como responsables”