POR LUCIANO FRANCO
De tres a 15 años de prisión, y de 500 a 4 mil días de multa, a quien cometa el delito de robo de medicamentos, aprobó la Comisión de Justica de la Cámara de Diputados, y avaló que, si quien comete el robo es un servidor o los medicamentos robados pertenecen al sector público, se aumenta la pena hasta en una mitad y, en su caso, ameritará la destitución o suspensión de su cargo o comisión.
El dictamen que será llevado al pleno en septiembre entrante, señala que “el comercio ilegal es favorecido por una regulación ineficiente, alentada por la impunidad que crea un entorno de corrupción, la falta de supervisión en los canales comerciales y una pena ambigua por la falta de existencia de un tipo penal específico”.
Aprobó también una reforma al Código Penal Federal, para equiparar como robo y se castigue como tal, la instalación o disposición técnica de los mecanismos necesarios para el uso y disfrute de energía eléctrica.
La Comisión de Justicia, presidida por la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, señaló que el comercio ilegal es favorecido por una regulación ineficiente, alentada por la impunidad que crea un entorno de corrupción, la falta de supervisión en los canales comerciales y una pena ambigua por la falta de existencia de un tipo penal específico.
Esta instancia legislativa también aprobó un dictamen para reforma el Código Penal Federal, a fin de equiparar como robo, y se castigue como tal, la instalación o disposición técnica de los mecanismos necesarios para el uso y disfrute de energía eléctrica.
Lo anterior cuando se realice sin derecho y consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de lo que se requiere para usar el servicio.
El documento indica que el robo de energía ha proliferado a lo largo del país, afectando los ingresos del Estado y la capacidad de impulsar e bienestar social. La magnitud del robo de energía puede observarse a partir de los datos de pérdidas no técnicas,reportadas por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.