Discuten en audiencias aprobación de artículo 19

LUCIANO FRANCO

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado señaló que están tomando en cuenta las propuestas de los especialistas que participan en las audiencias públicas sobre la reforma al artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.

Afirmó que las ideas plasmadas por los investigadores y representantes de colectivos en defensa de los derechos humanos enriquecen el debate en ese tema crucial para el país en materia de justicia.

▶ Sin embargo, aclaró que la postura de la bancada de Morena, de la que es coordinador en San Lázaro, es en favor de mantener la minuta aprobada por la mayoría en el Senado que contempla un catálogo de nueve delitos merecedores de la prisión preventiva oficiosa, y no sólo de los tres que aprobó la Cámara de Diputados en comisiones, que son corrupción, delitos electorales y robo de hidrocarburos.

Además de esos tres, el Senado avaló el abuso sexual contra menores; la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Durante la audiencia pública de ayer, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dejó en claro que ese organismo no se opone a la prisión preventiva justificada, sino a la oficiosa que es automática, obligatoria, aquella que supone una privación de algunas de las garantías procesales básicas”.

Expuso que la discusión sobre el tema debe centrarse en su eliminación más que su eventual extensión, porque violenta los derechos humanos: “Nosotros hemos expresado que no es la cuestión de ampliarla o no para un delito u otro, no es cuestión de qué delito es grave, sino que siempre la prisión preventiva debe ser resultado de una decisión del Poder Judicial, no sólo de una acusación”, indicó.

Agregó que “en un Estado democrático de derecho la autoridad que investiga debe proponer de forma justificada la prisión preventiva”. Estableció que posteriormente el Poder Judicial tendrá que decidir si en ese caso individual al imputado se le aplicará el ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, reconociendo siempre el carácter procesal de la medida cautelar.

Agregó que “la prisión preventiva oficiosa aumenta el riesgo de la tortura y no abona a superar la impunidad, porque el encarcelamiento injusto de los inocentes es la mala investigación.

“No abona a que la investigación mejore, todo lo contrario. Cuando es la mera acusación la que resulta en la privación de la libertad sí o sí, cuando las autoridades investigadoras de hechos deciden solas, entonces no hay ningún incentivo para que las investigaciones en México mejoren”, añadió.