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PATRICIA ZENGERLE (REUTERS)/ MARTHA COTORET
Senadores republicanos y demócratas presentaron ayer la Ley de ayuda de emergencia, ayuda a la democracia y desarrollo de Venezuela (Verdad, según el acrónimo de su nombre en inglés) con la que proponen reducir penas a funcionarios que reconozcan a un nuevo gobierno.
El proyecto legislativo, presentado más de dos meses después de que Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país sudamericano, pretende además internacionalizar sanciones a Venezuela y ofrecer 400 millones de dólares más en ayuda al país petrolero.
El gobierno de Nicolás Maduro, cada vez más aislado ante el desconocimiento de los principales países democráticos del mundo y las sanciones económicas impuestas por EU, la Unión Europea y Canadá, se mantiene en el poder gracias al apoyo de la élite militar, amonestada por Washington por reprimir a manifestantes opositores. La ley es un llamado a las Fuerzas Armadas para que respalden el gobierno interino de Juan Guaidó.
“Alertamos a nuestra Fuerza Armada: ser cómplices de una decisión al margen de nuestra constitución tendrá consecuencias. No protejan a un régimen que no los va a proteger ni va a aliviar el sufrimiento de sus familias”, expresó el presidente encargado de Venezuela el martes, tras la decisión de la Constituyente chavista de allanar el fuero del también presidente del Congreso.
El senador Bob Menéndez, el demócrata más importante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la ley sería un apoyo para el pueblo venezolano y proporcionaría herramientas para una estrategia “consistente y pacífica”.
“Esta ley ofrecerá la ayuda humanitaria necesaria y el apoyo para el largo camino de Venezuela hacia el orden democrático”, manifestó por su parte el senador republicano Marco Rubio.
La ley también revocaría visas a los familiares de venezolanos sancionados por corrupción o abuso a los derechos humanos, eliminaría medidas contra funcionarios no involucrados en esos casos si reconocen a Guaidó, y pide trabajar con gobiernos de América Latina y Europa para que se implementen sanciones.