Educación, rumbo incierto

La asignación automática de plazas a los egresados de las normales, la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, así como la participación de los sindicatos en los procesos de selección, promoción y reconocimiento y la eliminación de las evaluaciones son algunos de los puntos asentados en las leyes secundarias de la Reforma Educativa del Gobierno de López Obrador.

En esta ocasión pareció buscarse lo contrario a lo que ocurrió durante el proceso de reforma efectuada en el sexenio anterior, durante el cual se marginó a profesores, padres de familia y otros sectores involucrados en las modificaciones a la ley educativa.

La injerencia de los maestros en la conformación de las leyes educativas no debería escandalizar a nadie ya que es práctica común de los grandes sindicatos, por ejemplo, en Estados Unidos, que éstos cabildeen en los congresos mejoras laborales, de las escuelas y de los procesos de enseñanza.

Incluso en Estados Unidos el principal sindicato de docentes, la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus sigla en inglés), siempre ha pugnado por el acceso público y gratuito a la educación de prestigio.

Ha planteado al gobierno y a los legisladores que la educación pública debe verse como una hélice de la economía, un ancla de la democracia y una puerta de acceso a la justicia racial, social y económica. Además, lucha contra recortes presupuestales al sector.

Es por ello que no se puede descalificar de antemano las leyes secundarias solo por el hecho de que se incluyeron demandas del magisterio, sino de hacer que éstas funcionen en bien de los niños y jóvenes del país.

Tal vez lo más cuestionable en el caso de la Coordinadora sean sus métodos de presión, ya que en aras de conseguir sus objetivos pasan muchas veces por encima de los derechos de otros, como ha sucedido con los bloqueos que violentan el libre tránsito de los demás.

Las presiones de la Coordinadora parecían escalar al declarar un paro nacional y movilizaciones en varias partes del país, comenzando con Michoacán y Chiapas. El asunto ahora es ver los resultados en la calidad educativa, ya que el nivel académico en los estados con mayor presencia de la CNTE no es precisamente un modelo a seguir.

Por ellos sería necesario que los maestros correspondan a los beneficios obtenidos comprometiéndose con las mejores prácticas y el trabajo decidido para mantenerse actualizados, depurar los programas y elevar la calidad de la educación.

Pero por ahora toca la discusión en el Senado.

•Editor. Actualmente director del portal

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