La liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, demuestra la catástrofe institucional en la que vivimos.
Pocos casos tan relevantes y con
tantas implicaciones como el de Ayotzinapa y sus 43 estudiantes desaparecidos, porque sigue representando una enorme carga para el Estado mexicano, la que irá aumentado con el paso del tiempo y cuando se alejen las posibilidades de que se haga justicia.
El Gil es un personaje central lo ocurrido
aquella noche terrible en Iguala y es guardián de muchos secretos. Es clave —o lo era— para sostener “le verdad histórica”, que es la única narrativa sustentada en hechos verificables.
Desde 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió a la entonces Procuraduría
General de la República (PGR) de las debilidades de las indagatorias y de los riesgos que se corrían para llevar a buen puerto los procesos.
Faltaba rigor en las acusaciones y muchas de las
pistas y valoración de indicios y de pruebas, como los cientos de restos humanos hallados en Cocula, se dejaron para después, durmiendo en el limbo.
A los encargados de los litigios les dio igual,
o no tuvieron la capacidad para argumentar ante los jueces y presentar las pruebas que fueran necesarias para que el líder de Guerreros Unidos quedara en prisión.
Tampoco hicieron mucho desde la Fiscalía
General de la República (FGR) y las consecuencias están a la vista: El Gil no sólo dejó la prisión, sino que lo hizo en calidad de absuelto, porque el juez consideró que las pruebas presentadas en su contra resultaban ilegales.
Más allá de que ahora todo el mundo se rasgue
las vestiduras y se dé cuenta del enorme daño que se está haciendo a la procuración de justicia, no hay que olvidar que se ha perdido tiempo valioso tratando de acusar a los encargados de las investigaciones y no a los rufianes que se llevaron a los estudiantes normalistas.
Tanto empeño en culpar al Estado, que se bajó
la guardia ante el cuidado de los procesos, mucho más importante que las propias averiguaciones y sus respectivas capturas, porque es justo ahí donde se obtienen los resultados más perdurables.
Dramático para los estados como Guerrero y
Morelos, porque uno de los responsables directos de la violencia ya está suelto y es poco probable que se haya readaptado en su paso por las cárceles.
Con el expediente de Ayotzinapa vamos al peor
de los escenarios, que ya es decir: criminales sueltos y víctimas en el desamparo, porque más allá de los discursos, la impunidad es lo que prevalecerá.
Es tiempo de que la responsabilidad se imponga y que la única variable sea la de hacer
justicia en uno de los episodios más troces de nuestra historia.
•Twitter: @jandradej