El champagne de Bonilla y la desaparición de poderes

Las burbujas del champagne no duran para siempre.

El disparate que cometieron los legisladores viola la Constitución y las consecuencias de ello tienen que ser graves y sólo queda la salida de la controversia constitucional en la Suprema Corte y la que implica a los senadores.

Por eso es que Porfirio Muñoz Ledo anunció que ya se estudia la posibilidad de proceder a la desaparición de poderes en el Estado. Es una medida, de carácter político, que se estableció desde las constituciones de 1857 y 1917.

Para que sea efectiva la disposición, los senadores tienen que realizar una investigación y ponderar lo que está en juego y en particular la situación política del Estado y el comportamiento de quienes integran a sus poderes y dictaminar al respecto, en un plazo no mayor a cinco días.

En caso de proceder y hacer la declaratoria, los integrantes de la Cámara Alta procederán a la designación de un gobernador provisional, que provendrá de una terna enviada por el Presidente de la República.

La desaparición de poderes se ha ocupado poco, y con motivaciones distintas. En enero de 1961, Raúl Caballero Aburto tuvo que dejar la gubernatura de Guerrero. Su mandato fue un desastre en el que se mezclaron el autoritarismo y la represión.

Se enfrentó al alcalde de Acapulco y propició una de las más grandes movilizaciones estudiantiles.

En 1975 se derrumbó la carrera de Otoniel Miranda en Hidalgo, a unas semanas de acceder al cargo, en medio de pugnas entre los propios priistas y con una relación irreconciliable entre el titular del Poder Ejecutivo, Luis Echevarría y el exgobernador Manuel Sánchez Vite.

Veremos si la actual integración senatorial permite que actúen y corrijan una situación que debilita al sistema democrático. Ojalá lo hagan, porque eso mandará un doble mansaje: a los políticos locales para que sepan que la Constitución se tiene que respetar en todo momento y a la par se establecerían fronteras claras ante las pulsaciones reeleccionistas.

No se trata de un juego legaloide, como pretende hacer parecer Bonilla, porque la voluntad ciudadana no se puede cambiar a capricho de las legislaturas. Un gobernador de dos años no puede gobernar cinco desde una perspectiva de legitimidad democrática.

Tampoco hay mucho margen. La responsabilidad política es de todos, porque todos los partidos, en su expresión local, le entraron al mugrero.

Los senadores, como en pocas veces en la historia, tienen la bola en su cancha.

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