El justiciero

▶ Que 30 millones de votos libres, voluntarios y secretos le hayan dado el triunfo en las elecciones, que la ciudadanía haya hecho el conteo y que el INE haya avalado la elección, todo eso no significa que nuestro amado líder sea un demócrata convencido, de hecho nunca ha dejado de ver al INE con desprecio; por eso prefiere una votación a mano alzada que los votos en las urnas.

Por más discursos, por más palabras, por más buenos deseos y promesas, por más parábolas históricas que nuestro presidente cuente en sus mañaneras, lo cierto es que la inercia autoritaria del presidencialismo prevalece, es parte del ADN de la clase política que gobierna México desde hace décadas, ha sido heredada de generación en generación y hoy acompaña al nuevo régimen.

Al igual que sus antecesores, nuestro amado líder se siente profundamente incómodo con la división de poderes, con el Estado de derecho y con el respeto a las pocas instituciones serias que aún nos quedan y que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas construir, a pesar de los hombres del poder.

Nuestro amado líder tiene su vena autoritaria y lo ha dejado claro en los poco más de siete meses que lleva en la silla presidencial. Si las instituciones le dan la razón, las instituciones son maravillosas, todo un ejemplo; si lo cuestionan o lo critican, arde Troya: entonces son lo peor, están infiltradas por la mafia del poder, por los conservadores, por los fifís, obedecen a los grandes intereses nacionales e internacionales y habría que desaparecerlas. Si la ley no cuadra con su proyecto de nación, malo para la ley: es injusta, es herencia del pasado, hay que buscar los mecanismos para derogarla o darle la vuelta.

Qué tal el enojo que le provocó la recomendación de la CNDH sobre las estancias infantiles; cómo se atreven los defensores de derechos humanos a cuestionar la sabiduría y justicia de nuestro amado líder; y no se diga los amparos que han detenido proyectos como Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, los malditos ciudadanos en uso legítimo de sus derechos garantizados por la Constitución le han hecho pasar un coraje tan grande que ahora, en venganza, nuestro amado líder revelará los nombres de los jueces que “otorgan amparos indebidos” —habría que recordarle que seguimos esperando los nombres de los corruptos que metieron sus manos en el NAIM de Texcoco; de los funcionarios coludidos con el huachicol, de los empresarios que no pagan impuestos y así una larga lista de revelaciones que esperan ser reveladas.

Nuestro amado líder no es un demócrata, es un justiciero en el poder; por eso la ley, la justicia o las instituciones le vienen guangas, son prescindibles o en el mejor de los casos son una facultad discrecional del presidente; por eso quiere enseñarle al Poder Judicial cómo debe aplicar la ley. En este sentido, nuestro amado líder está más cerca de Juárez que de Madero —que seguramente se revuelca en su tumba—, pues en una ocasión, don Benito también le enseñó a los jueces su propio concepto de justicia.

El 30 de julio de 1867 le informaron a Juárez que su gobierno había capturado al mismísimo Antonio López de Santa Anna.

Ni tardo ni perezoso, Juárez ordenó que el caudillo jalapeño fuera juzgado bajo la ley del 25 de enero de 1862 —la misma que condujo al patíbulo a Maximiliano, Miramón y Mejía— con el fin de que Santa Anna caminara por el mismo derrotero. El oaxaqueño quería borrarlo de la historia patria.

El juicio se llevó poco más de dos meses y el 7 de octubre se dictó sentencia. A Juárez se le descompuso el rostro cuando le notificaron que los jueces habían impuesto a Santa Anna ocho años de destierro y no la pena de muerte com lo esperaba el benemérito. Don Benito montó en cólera, se azotó contra las paredes de Palacio Nacional, hizo berrinche y arremetió contra los jueces: los envió de vacaciones a las tinajas San Juan de Ulúa durante seis meses para que ahí aprendieran cómo aplicar la ley.

Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia.