La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 1994, que creó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), implementó entre otros aspectos, la carrera judicial a cargo, precisamente, del Consejo.
A la fecha, los procesos de selección de
quienes juzgan los casos federales y de amparo han mostrado serios problemas que no permiten hablar de un modelo exitoso.
¿Cuáles son las causas por las que el modelo de
designación no ha tenido éxito? Un primer diagnóstico muestra los siguientes problemas:
1. Inconsistencia en las convocatorias de concursos para acceder a las categorías de juez(a) de Distrito
y magistratura de Circuito. De 1995 a la actualidad, no ha existido una convocatoria que sea igual a otra.
En cada una se han establecido distintos requisitos
de acceso, fases de evaluación, contenido de las fases y criterios de evaluación.
A 24 años de su creación, el CJF y el Instituto de la
Judicatura Federal, órgano académico del Consejo, no han definido con precisión cuál es el perfil requerido para enfrentar los retos actuales que la postmodernidad demanda a la administración e impartición de justicia.
2. Anacronismo de los exámenes. Con excepción
del último concurso (dirigido exclusivamente a mujeres), cuya primera etapa se basó en una evaluación diseñada por el Ceneval, la apuesta del CJF ha sido aplicar exámenes que privilegian la memorización de miles de tesis y jurisprudencias, así como la elaboración de una sentencia en un lapso de 5 horas, que, desde luego, no reflejan las capacidades de análisis, criterio y solución de conflictos de los sustentantes.
Es innegable que la función jurisdiccional no consiste en recitar el Semanario Judicial de la Federación
o los textos legales a los ciudadanos para demostrar nuestra capacidad de memoria RAM.
La labor de la judicatura es, en esencia: “juzgar”
asuntos cada vez más complejos, lo que además del conocimiento de la jurisprudencia y la ley, exige entender con sensibilidad el contexto social, económico y político en medio del cual se ejerce la función, dentro de un sistema de derechos humanos multinivel que atiende a una orientación liberal y democrática.
Lo advirtió en su día don Guillermo Guzmán Orozco, Ministro progresista de la Corte mexicana: Tenemos que medir el talento para enfrentar los complejos
asuntos cotidianos de una sociedad que como nunca, demanda justicia.
Debemos definir cuál es el perfil del juzgador
constitucional del Siglo XXI que México demanda y, entonces, diseñar un modelo de concurso por competencias en el que un esquema de comparecencias; la defensa de méritos judiciales (explicar la relevancia de los proyectos de los aspirantes en su función diaria) y los exámenes de conocimientos que evalúen raciocinio y criterio, deben ser el primer paso. Sin perfil definido y estable, será difícil que el sistema funcione.
•Especialista en Derecho Constitucional
y Teoría Política