El precio de la opacidad

Este parece ser el caso de la periodista Laura Sánchez Ley quien pidió a la Fiscalía General de la República acceso a información pública y le dijeron que deberá pagar 888 mil 739 pesos por la reproducción de los documentos de su interés y por las fojas que se usarían para su digitalización y generar versiones públicas (sin información reservada o confidencial).

“Amigos me está venciendo el sistema. Me ponen a disposición documentos con un valor histórico incalculable. Así 8 casos. ¿Qué hago? Incluso me he sometido a estudios socioeconómicos en FGR y dicen que si puedo costearlo. El Inai no es opción”, publicó el 13 de noviembre en su cuenta de Twitter (@LauraSanchezLey), y la comunidad no tardó en darle opciones legalmente válidas que la Fiscalía debiera aplicar proactivamente.

Es cierto que Dios da el agua, pero no la entuba, y el acceso a la información es gratis pero la reproducción de los documentos puede cobrarse, pero hay otras alternativas gratuitas.

Una es permitir el acceso a la información en consulta directa, en días y horarios suficientes, para revisar los documentos y expedir al momento el recibo para pagar las copias que realmente interesen al solicitante.

Otra es digitalizar los documentos. A nivel estatal se ha demostrado su viabilidad legal y técnica. Tal es el caso del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ivai) que ante casos en que las dependencias argumentan que la información consta de miles de fojas por las cuales se requiere pagar sumas muy elevadas, emitió la Guía para testar documentos electrónicos (disponible en http://ivai.org.mx/DatosPersonales/GUIA_PARA_TESTAR_DOC_ELECTRONICOS.pdf).

En ella se ejemplifica cómo generar versiones públicas de documentos con varios programas informáticos, tanto de uso libre como de licencia, por lo que las dependencias no pueden pretextar que necesitan copiar miles de fojas, luego testarlas y volverlas a copiar. Es decir, ni pueden cobrar por la digitalización ni por las copias, pues el documento testado digitalmente se puede entregar en ese mismo formato sin necesidad de copiarlo y con la seguridad que exige la ley.

Aunque la reportera no precisó porqué “el Inai no es opción”, es importante tener en cuenta que la Constitución y la Ley de Transparencia federal prevén que ese instituto es el organismo que debe garantizar el derecho a la información de cualquier persona. Un motivo para interponer un recurso de revisión es precisamente por los cobros que pretenden realizar las dependencias.

De igual manera, si se quiere interponer un juicio de amparo contra la negativa de acceso será necesario agotar antes las instancias previstas para combatir esa respuesta, es decir, acudir al Inai.

Tanto en el recurso de revisión como en el juicio de amparo podría ser útil a la periodista y a cualquier persona citar como un hecho notorio la experiencia del Ivai. Las dependencias también podrían brindar alternativas a las personas antes que mandarlas a pagar miles de pesos para copiar los documentos de su interés si realmente desean conducirse bajo el principio de máxima publicidad y asegurar la gratuidad del acceso a la información que nos pertenece a todos.