Los datos son fríos. El primer semestre de este año es el más violento de las últimas dos décadas. 17 mil 138 personas murieron asesinadas de modo doloso y en 70 por ciento de los casos, por armas de fuego.
En México mueren por este tipo de circunstancias alrededor de cuatro personas por hora, un dato escalofriante y que muestra las líneas profundas de la bomba de tiempo sobre la que nos encontramos.
Los desafíos estructurales en la seguridad permanecen, porque no se ha hecho mucho para contrarrestarlos.
Es más, las acciones del Gobierno mexicano se concentraron en el desmantelamiento de la Policía Federal y en la puesta en marcha de la Guardia Nacional que en políticas públicas puntuales y medibles.
Se desarmó un modelo funcional, cuando no existía su remplazo, porque la utilización de las Fuerzas Armadas no puede serlo en largo plazo.
Mientras esto ocurría, los grupos criminales siguieron actuando, e inclusive se generaron intensas espirales de violencia en algunas regiones del país y donde ya están sonado las alarmas, como en Guanajuato, Michoacán, Baja California y Colima.
Así tenía que ocurrir, porque todos los alicientes para la continuidad de los mercados ilegales permanecen, con el añadido de que se mantiene una narrativa que señala que los grandes barones del crimen ya no son un objetivo prioritario.
Este es un error grande, porque inclusive si esa fuera una de las directrices —es dudoso que resista a la realidad y a la necesidad de dar resultados—, eso no se dice, se hace, porque de otro modo no sólo se alienta a la impunidad, sino se le fortalece.
En los próximos meses habrá que medir, de igual forma, el impacto que generó el traslado de integrantes de la GN para asegurar la frontera sur y que dejaron de hacer tareas de vigilancia y control territorial. El cambio de adscripción de las zonas más conflictivas tendrá consecuencias.
La experiencia de estos meses debería servir para distinguir entre los debates, por demás necesarios, sobre la construcción de la paz y las medidas que deben ser permanentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus familias.
¿Qué nos pasó? Caímos en un espejismo demagógico que intentó suplir los resultados, aunque fueran modestos, del pasado, por el horizonte de un retorno a la tranquilidad motivado por una novedosa forma de gobernar.
El problema es que en asuntos de seguridad no hay mucho margen para evitar el control ciudadano, aunque esté incipiente y hasta desorganizado.
Ojalá funcione la GN, pero hay que ser realistas y prepararnos para una etapa larga de violencia, ya que los cambios institucionales requieren de tiempo para madurar, y ojalá se hayan hecho los diagnósticos y las hojas de ruta respectivas.
•Twitter: @jandradej