Columnas
La revocación del mandato es un dulce envenenado. Suena bien, porque en teoría será un avance en la democracia participativa e implicará un mayor control ciudadano sobre el titular del Poder Ejecutivo.
Las acechanzas, sin embargo, son múltiples y más vale que los legisladores las tomen en cuenta.
En las elecciones intermedias de 2021, si se aprueba la reforma constitucional, estaríamos ante la posibilidad de terminar con el sexenio de forma anticipada. Esto es, tendríamos tres presidentes en seis años, ya que quien sea titular de Gobernación asumiría el interinato para convocar en un plazo de 60 días a una nueva jornada electoral.
Esto puede generar incentivos para apostar por un cambio, pero también para consolidar un proyecto y una visión, debilitando las posibilidades de la pluralidad e impidiendo la alternancia.
Para convocar al procedimiento se contemplan tres rutas: La solicitud del propio Presidente de la República; el 33 por ciento de los legisladores de cualquiera de las cámaras o el 3 por ciento de la lista nominal electoral.
Para que surta efecto, se requiere la participación del 40 por ciento del padrón el día en que se vote. Es un asunto riesgoso. En primer lugar, al coincidir la consulta con la elección de la Cámara de Diputados, el proceso se empañaría, ya que el presidente estaría en plena campaña y sería un actor esencial.
En el contexto actual, esto significaría romper con la equidad y generar un enorme desequilibrio en la contienda y una participación, hasta ahora inédita, del propio presidente en una elección distinta a la suya.
La revocación debería ser un procedimiento extraordinario, con reglas todavía más estrictas y en las que su impulso requiera de costos adicionales a los contemplados en la propia iniciativa.
En la Ciudad de México la Constitución contempla ya la revocación del mandato, pero todo está sujeto a que la petición sea respaldada por el 10 por ciento del padrón y que luego esto se empalme con una votación de al menos el 40 por ciento del listado y un 60 por ciento favorable a la revocación. Esto es, se impide que se quite con menos de lo que se puso, pera evitar consultas artificiales y crisis recurrentes.
En efecto, una de las consecuencias de la revocación del mandato, es que se pueden generar problemas que no están en la agenda y que se trabaje con una visión electoral todo el tiempo.
Quizá no ahora, pero nadie puede descartar que en el futuro, dentro de los propios equipos gobernantes se trabaje para terminar con el jefe, con todo lo que ello puede implicar para la gobernabilidad democrática.