Empleo, sueldos y comercio

Hay que reconocerle al Gobierno federal la decisión para lograr este aumento y por darle continuidad a avances previos, como la desindexación en todo el país de las tarifas gubernamentales respecto al salario mínimo y la introducción de las Unidades de Medida y Actualización.

Del mismo modo, reconocer a actores políticos y sociales, como Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano o la Coparmex (¡saludos tanto a Guillermo de Hoyos en la Presidencia nacional como a Fer Treviño en la de Puebla), que desde hace años han impulsado el tema. Nobleza obliga.

Hay que tener claro que el aumento que entra en vigor el próximo 1 de enero no es el fin de la historia; lejos de lo anterior, hay temas inmediatos que no se pueden descuidar.

El primero, y quizá más evidente, son los ajustes que Banxico tendrá que hacer en los instrumentos de política monetaria para evitar desajustes mayores en el nivel de precios.

Del mismo modo, en el contexto de un T-MEC donde ya pasamos de la preocupación a la resignación y la pena ajena, es crucial seguir impulsando la productividad para que no se desfase respecto a su remuneración.

Sin embargo, el reto más bravo es cómo armonizar el aumento del 20% en el salario con un entorno nacional donde cada vez se generan menos empleos formales (que son los que sí toman como referencia al salario mínimo y además ofrecen prestaciones de Ley).

De acuerdo al IMSS, en noviembre de 2019 se crearon 76 mil 228 empleos formales netos en el país; desafortunadamente, es el peor dato para un noviembre desde 2008. Si se toma el acumulado del año, el escenario es igualmente insuficiente: de enero a noviembre de 2019 se registró la creación de 724 mil 287 empleos formales netos, la menor cantidad para un enero-noviembre desde 2013 cuando se registraron 710 mil 928 empleos netos.

Los aumentos al salario en el entorno actual, donde no hay destrucción masiva de fuentes de empleo como en la crisis de 2009 pero tampoco se generan nuevas vacantes, puede significar exclusivamente beneficiar a quienes ya tienen empleo y dejar fuera a quienes no han logrado acceder a uno.

Peor aún, dado el entorno de falta de crecimiento económico, desconfianza global en el país, caídas constantes en la inversión fija bruta y falta de claridad en las políticas económica e industrial del país, paradójicamente los aumentos en el salario pueden terminar siendo “enemigos” de la generación de nuevas oportunidades laborales.

La explicación es muy sencilla: si el país pierde fortaleza institucional (supeditación de órganos autónomos así como del Legislativo y Judicial, al Ejecutivo), se vulnera el Estado de Derecho (decisiones gubernamentales que contravienen flagrantemente la normatividad como las consultas o numeritos como el de la CNDH), se evidencia la falta de cumplimiento a contratos y compromisos (cancelación del NAIM, subastas eléctricas o revisión arbitraria de convenios), se desincentiva la capacitación y la innovación (recortes a universidades), no hay insumos de calidad en las condiciones que cada vez más lo exige el mercado (cancelación de subastas eléctricas) y se pone en entredicho la calidad de la democracia mexicana (eventual secuestro del INE o ratificación de Bonilla en Baja California), el único atractivo que le quedará al país será lo barato de nuestra mano de obra.

Y a todo esto hay que sumarle el efecto Seade/T-MEC y la viabilidad de industrias que, por lo menos desde el TLCAN en 1994 y hasta ahora, han sido nuestros campeones (como automotriz o aeroespacial) y cuyo horizonte en el país para los próximos 25 años es de pronóstico reservado.