En 4T “derechos humanos no son premisa”, indica el ombudsman

En estos meses de 2019, se han acumulado hechos, actos y omisiones que vistos en su conjunto hacen suponer que el respeto a los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de actuación pública, expresó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien aseguró que no se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que enfrenta el país en distintos rubros.

▶ La mañana de ayer, el ombudsman presentó su Informe de Labores 2018, que, por primera ocasión en 29 años, no contó con la presencia del Presidente de la República.

“En un principio, yo tenía la receptividad del señor Ejecutivo de que habría ceremonia, algo pasó en el camino”, dijo en conferencia prensa.

Precisó que el artículo 102 de la Constitución, lo obliga a entregarle personalmente al primer mandatario. Sin embargo, le fue notificado que le fuera dado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“La repuesta que yo tuve formal es que se entregara en la Secretaría de Gobernación, y desde enero que vengo pidiendo esta fecha de informe, pues la respuesta vino al final, de que sería finalmente en una entrega como la que se hizo hoy en la mañana; se lo dí físicamente a la secretaria de Gobernación que me recibió todos los documentos.

Porque estamos casi a medio año, y no podía tampoco ya dejar pasar más tiempo”, explicó.

Indicó que los derechos humanos “no son de izquierda o de derecha. No son de ideologías, no tienen partido político, los derechos humanos responden a una lógica: defender la dignidad humana”.

Previo a estas declaraciones, González Pérez encabezó una conferencia de prensa en la que resaltó que 2018 fue un año crítico para estos, y refirió que 2019 no será distinto.

“Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho identificando el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República”, señaló el ombudsman.

Enfatizó que “nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen”, aunque señaló que por esta estrategia no deben suspenderse ni poner en riesgo la atención de los enfermos, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho.

“Con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el de la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes a este.

“Hay rubros en los que la asignación de dinero público no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de insumos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte”, expresó.