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En Baja California y su reelección

En Baja California y su reelección

Columnas viernes 23 de agosto de 2019 - 02:57

En Baja California siguen dando pasos para mantener la ley Bonilla, lo que le permitiría extender el mandato de dos a cinco años.


A estas alturas ya está claro que el propósito trasciende a los propios legisladores locales y que hay muchos intereses en juego, algunos por voracidad, como los del gobernador electo, y otros, desde la Ciudad de México, para observar y calibrar el experimento.

Catalino Zavala, el presidente del Congreso Local, se sacó de la manga la idea de una consulta popular.

Dice el diputado: “Este ejercicio democrático, permitiría a los bajacalifornianos opinar directamente sobre un proceso que nos atañe de manera directa a quienes aquí vivimos y trabajamos, por lo que esperamos la mayor participación e interés de la ciudadanía.”

Es absurdo y contrario a la ley. Es como si después de un partido de fútbol, terminado el tiempo reglamentario, se solicitara la opinión del público para ver si quieren tiempo extra.

El llamado al terruño, al interés local, es igualmente inoperable, porque México es una federación y en la que existe un pacto que pone límites a lo que se puede y a lo que no se puede hacer.

Lo que ocurre y puede ocurrir, en aquel estado, es del interés de todos, porque puede significar el inicio de una tendencia que permita la reelección sin pasar por una elección. Ganar en la mesa y no en la cancha. Ridículo, pero en política peligroso.

Además desvela una de las mentiras alrededor de la reelección, porque eso es lo que está por ocurrir en Baja California.

En teoría la reforma a la Constitución estatal respondía a la pretensión de ahorra dinero, de no gastar en dos años el dinero público para elegir otro gobernante.

No se sostenía el argumento, porque habrá elecciones para diputaciones federales y lo que se tendría que añadir para la gubernatura no es especialmente relevante.

Pero ahora ya varía el discurso y se perfila una consulta que seguro algún gasto representará.

Es evidente que el órgano local electoral y el INE no deben entrar en el juego.

Los periodos constitucionales no se definen por aclamación popular y no están sujetos a los vaivenes del ánimo. Ni antes ni ahora, porque ello habría permitido a cualquier mandatario extender su mandato con un supuesto apoyo popular.

Bajo esa lógica terminaríamos por someter a consulta cuestiones fundamentales y relacionados con ellos derechos humanos, lo que está claramente prohibido.

Baja California eligió gobernador para un período específico y a ello deben atenerse todos los involucrados.

El tiempo pasa y el asunto tarde o temprano terminará en la Suprema Corte, donde tendrán que poner freno a la primera intentona reeleccionista desde 1917. De ese tamaño es el reto y todo lo que está en juego.

•Twitter: @jandradej

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/CR

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