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Estado-Iglesia no admite reversa

Estado-Iglesia no admite reversa

Columnas viernes 20 de diciembre de 2019 - 01:23

A la senadora María Soledad Luévano Cantú, de Morena, habría que recordarle que, como un tren que avanza cuesta arriba, la relación Estado-Iglesia no admite reversa.
¿A qué viene el comentario?, pues a la iniciativa de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que presentó la legisladora ante el Pleno de la Cámara Alta con el propósito de que los diversos credos presentes en México puedan participar en actividades públicas en nuestro país.
A la historia podemos concebirla como a una persona que, para moverse, requiere de cierto tipo de vehículos, según sus necesidades. Cuando se desplaza sobre terreno llano puede avanzar incluso a pie, pues difícilmente enfrentará grandes obstáculos, pero si debe llevar una pesada carga entre dos puntos distantes en medio de terrenos agrestes, como la relaciones Estado-Iglesia, requiere de medios de gran potencia, como el ferrocarril.
A partir de 1859, México inició una de sus grandes transformaciones caracterizadas por la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, y la libertad de cultos.
Durante la vigencia las Leyes de Reforma, promulgadas durante la Presidencia de Benito Juárez, nuestro país pudo superar muchos de los privilegios e imposiciones de la religión para dar paso a una época en la que el poder político y económico (concentrado en el clero) quedara en manos del gobierno laico, con todos los aciertos y desaciertos que hemos apreciado en este tiempo.
Para algunos historiadores, las Leyes de Reforma fueron más trascendentes en el desarrollo de México que la misma Constitución de 1957, pues en ellas se amalgamaron intereses que frenaron polarizaciones que parecían irreconciliables.
Entre los muchos aspectos interesantes de ese conjunto de leyes tenemos la supresión de los tribunales especiales que juzgaban a religiosos y militares que garantizaban la impunidad de esos sectores en caso de la comisión de delitos comunes, y la anulación del derecho de los sacerdotes para obligar a sus feligreses a votar por un determinado partido o candidato, además de que se puso fin a la ofensiva acumulación de riquezas en manos de las Iglesias.
Quizá desconociendo las condiciones en que vivía nuestro país, recientemente independizado, y las que vivimos ahora, Luévano Cantú sugiere adecuaciones a ese marco legal que pretenden derogar disposiciones como que “Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas por la ley” o incluir que el Estado y las religiones colaboren “en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas”.
Las condiciones en que se promulgaron las Leyes de Reforma y las actuales podríamos interpretarlas como una pesada cuesta arriba, en la que detener la máquina de la historia sería un grave despropósito porque se perdería la armonía en la que hoy se mueven el Estado y la amplísima variedad de credos religiosos presentes entre los mexicanos.


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/CR

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