Hoy es un día clave para la administración de Claudia Sheinbaum, por la expectativa que ha generado el uso de cinturones de paz, que tiene previstos durante la marcha por la conmemoración de los 51 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
La Jefa de gobierno informó que serán 12 mil los
funcionarios de las distintas secretarías, quienes participarán de forma voluntaria como cerca humana frente a inmuebles para evitar actos vandálicos. Sin embargo, es difícil de creer que todas esas personas quieran correr el riesgo de ser agredidas, y más difícil creer que sean las propias autoridades quienes los inviten a ello.
Tema aparte, pero de igual importancia, es el papel de la Comisión de Derechos Humanos local que
preside Nashieli Ramírez Hernández, quien hasta ahora no se ha pronunciado ante los desmanes ocasionados en las tres últimas marchas en la capital del país, por los temas de Ayotzinapa, despenalización del aborto y en contra del machismo.
Recordemos que en otras manifestaciones, como
la del 1 de diciembre del 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo de presidente del país, la comisión estuvo presente con un despliegue importante para dar cuenta del actuar de la autoridad, lo que derivó en la recomendación 7/2013 por abusos policiales de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El papel de la Comisión de Derechos Humanos lamentablemente ha venido a menos, porque ahora se
ve sólo como acompañante del gobierno capitalino, y no como un órgano verdaderamente autónomo, que sale a pronunciarse cuando el caso lo amerita.
Ante la falta de un equilibrio entre la represión
y la pasividad gubernamental, han sido los propios representantes de los empresarios, como la Cámara de Comercio, quienes han tenido que exigir que el gobierno haga su trabajo y detenga los grupos de vándalos que sin causa clara ni justa, salen a provocar cada que hay marchas simbólicas.
Por eso es que hoy, otra vez 2 de octubre se hace
necesario evaluar los cinturones humanos usados en otros momentos, como en la visita del Ejército Zapatista a la Ciudad de México en el año 2001, cuando participaron asociaciones civiles y población como una muestra de apoyo y simpatía.
Pero en la Ciudad de México no han servido porque han significado actos de gobierno, con participación de elementos policíacos desarmados, cuya
presencia no ha evitado actos vandálicos sino hacer de los uniformados blanco de agresiones.
Por ello se observa con recelo que el gobierno,
con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, le apueste a probar una nueva estrategia en una compleja marcha. ¡Suerte!
•Periodista
Exservidora pública con conocimientos en Ciudad,
temas de Seguridad, Electoral, Transparencia,
Protección de Datos Personales y Derechos
Humanos