Expresidentes y pensiones

Empero, a partir de ese año, sin fundamento legal alguno, tales retribuciones se incluyeron en el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República.

Sucedió igual en 2002, 2003 y 2004. En 2005, se adicionaron compensaciones para el personal del Estado Mayor Presidencial (EMP) de apoyo a los expresidentes, quedando el gasto así: recursos para los expresidentes, personal civil que los apoyaba y personal del EMP que los asistía. Así fue también en 2006. Para el PEF 2007 se añadieron recursos para los beneficiarios de los expresidentes, en caso de su muerte. Para 2008 no hubo cambios.

Por el lado normativo, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, había expedido desde 2004 el Reglamento del EMP. Extrañamente, ese reglamento estableció como una de las misiones de ese cuerpo, la de “Garantizar la seguridad de los expresidentes” a pesar de que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos entonces vigente no incluía ni la misión de garantizar la seguridad ni la de proporcionar los requerimientos de seguridad inmediata para los expresidentes de la República.

En materia de fiscalización, en marzo de 2008, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, en el que sobresalía la auditoría realizada en junio de 2007 a la presidencia relacionada con el apoyo a expresidentes, que atendía denuncias públicas de diputados del PRD y de ningún otro grupo parlamentario.

El informe reportó que en el PEF 2006, el Estado mexicano había pagado casi 40 millones de pesos en 168 ayudantes para expresidentes (6 millones de pesos en 26 ayudantes para Echeverría; 13.4 millones 46 ayudantes para MMH; 12 y 33 para Salinas; 7.4 y 27 para Zedillo; y 0.9 y 36 para Fox) pero ni desglosó ni se pronunció sobre las percepciones mensuales de los exmandatarios; tampoco analizó ni dictaminó la legalidad del gasto auditado y además reconoció como válidos y obligatorios los acuerdos presidenciales de 1976 y 1987 a pesar de su franca, evidente y meridiana inconstitucionalidad.

La información para este par de columnas provino de un muy serio, amplio y profundo estudio de la doctora en derecho por la UNAM Cecilia Licona Vite, de junio de 2008, publicado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, texto que debemos leer completo para recordar de dónde venimos y darle la razón al Presidente AMLO por eliminar esas prebendas, no solo por excesivas, indebidas e inmerecidas, sino por inconstitucionales.

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