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Extinción de dominio y populismo penal

Extinción de dominio y populismo penal

Columnas jueves 01 de agosto de 2019 - 02:35

Las alertas, cada vez más insistentes, sobre las implicaciones, no buscadas, que puede tener la Ley de Extinción de Dominio, en lo que se refiere al aseguramiento y venta de las propiedades de quienes estén sujetos a un proceso por delitos graves, aún antes de sentencia firme, indican que más vale reflexionar al respecto.


La legislación tiene el objeto de afectar a los grupos criminales en donde más les duele: En las estructuras e infraestructura con la que cuentan para delinquir.

Eso está bien, porque muchas veces la sola prisión no es suficiente para desmontar tramas ilegales y para garantizar que impere el Estado de derecho.

Es más, muchas de las frustraciones sociales provienen de observar que los bandidos mantienen su patrimonio a pesar de las evidencias de que fue obtenido por procedimientos oscuros y contrarios a la ley.

La idea es disponer de las propiedades para que puedan ser utilizadas e inclusive signifiquen recursos, por medio de su venta, para el propio Estado y para los empeños que tiene por hacer valer el derecho.

Lo que es un riesgo es la discrecionalidad que se permite y las injusticias que se pueden generar sobre la disposición de patrimonios sobre los que no se ha declarado su procedencia ilegal.

También hay un margen, no pequeño, para que esto se pueda utilizar contra enemigos políticos o por motivaciones distintas a las que dieron origen a la ley.

¿Se imaginan a un opositor que pierde todo su patrimonio porque es acusado de corrupción? Es un extremo, pero más vale visualizarlo para luego no tener sorpresas desagradables e inclusive irreversibles.

Las disposiciones legales deben ser lo suficientemente claras para evitar dudas y discrecionalidad.

Es el debate entre quienes creen que las leyes deben estar hechas para prevenir su mal uso, y los que piensan que la buena voluntad será suficiente para evitar perversiones de lo dispuesto en los códigos.

Es evidente que se requieren adecuaciones al marco legal, y más aún ante organizaciones criminales cada día más sofisticadas y peligrosas y sobre todo en los rubros que más ingresos generan: narcotráfico, trata de personas y robo de automóviles.

Mandar el mensaje de que todo el respaldo económico con que cuentan puede desaparecer es ir en la ruta correcta, pero no cancelando disposiciones legales que dan certeza ante un juicio.

Es más, estamos ante una oleada de endurecimiento de las leyes que responden a una suerte de populismo penal y que inclusive pueden terminar por afectar la estructura del nuevo Sistema de Justicia, que hace de las garantías al debido proceso, uno de sus ejes más relevantes.

Uno de ellos, por cierto, es el que señala que sólo un juez es el que puede determinar la culpabilidad de un acusado.

•Twitter: @jandradej

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/CR

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