Exxonmobil demanda a Cuba por expropiarle refinería

La petrolera ExxonMobil fue la segunda empresa en introducir una querella en Estados Unidos a corporaciones cubanas por operar en territorio expropiado. Se trata de la estatal Cuba-Petróleo (Cupet) y el grupo empresarial Cimex, demandadas por las nacionalizaciones de la revolución de Fidel Castro, según documentos judiciales.

ExxonMobil acusa a las compañías cubanas de "tráfico ilegal de propiedad confiscada" después de la revolución de 1959, en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 y que la administración Trump puso en vigor el pasado jueves.

En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, se reclaman reparaciones por el usufructo de una refinería, estaciones de servicio y otros activos.

El documento fue publicado en el sitio de internet del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una organización con sede en Nueva York.

Exxon es una de las compañías que nació de la desaparecida Standard Oil, cuya refinería en La Habana fue una de las primeras estadounidenses nacionalizadas por Castro. Exxon luego se fusionó con Mobil en 1988.

La refinería es operada actualmente por Cupet, mientras que el grupo empresarial Cimex, de capital estatal cubano y el mayor de su tipo del país, maneja estaciones de servicio en toda la Isla.

El pasado jueves, la operadora de cruceros Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en tribunales de Estados Unidos por el uso de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.

La norma, que el presidente Donald Trump puso en vigencia, permite a estadounidenses y cubano-estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a las empresas que obtuvieron beneficios gracias a las compañías nacionalizadas después de 1959.

Esa disposición había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados, como ha sucedido.

La inversión extranjera es una de las prioridades de la isla socialista para desarrollar una economía en crisis y socavada por la escasez. El gobierno de Cuba considera extraterritorial e inaplicable esa norma.

Varias firmas extranjeras, principalmente europeas, que operan bienes nacionalizados en Cuba, también han rechazado esta acción y han adelantado que reaccionarán aplicando sus propias normas.