Fin a los tiempos oficiales en Radio y TV

El planteamiento de José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en el sentido de que la radiodifusión es definida por la Constitución de nuestro país como un servicio público gratuito que el Estado debe garantizar para que sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México, no sólo es cierto, sino ha sido reiterado por la CIRT a lo largo de cuatro décadas.

Quienes ejercemos la labor periodística hemos escuchado y difundido anualmente la demanda de los radiodifusores para revisar el pago del 25 por ciento sobre el monto de las ventas a sus anunciantes, pago que pueden realizar en especie mediante la cesión diaria de 35 minutos en radio y 18 en televisión para que el Estado pueda anunciarse en todas las estaciones del país.

Para nadie es un secreto que los ingresos por publicidad de los que se nutre la radiodifusión mexicana se han visto mermados por el surgimiento de los nuevos canales de comunicación derivados de internet, lo que los coloca en una situación difícil, condiciones que podrían revertirse contra el derecho a la información garantizado por nuestra Constitución Política y aceptado como piedra angular de la democracia.

AMLO adelantó que dará a conocer su respuesta muy pronto dejando entrever que sí habrá una reducción de los tiempos fiscales, y como señal de confianza destacó que “un gobierno democrático no necesita de propaganda”.

“Cuando hay un pueblo consciente, como el que afortunadamente se tiene en nuestro país (…) cambia la mentalidad, cambia todo, la gente está muy despierta”, dijo López Obrador, a lo que debemos añadir que para que haya “un pueblo consciente” es indispensable que ese pueblo esté oportunamente informado, cosa que difícilmente puede darse a través de las redes sociales donde la forma y fondo de la información dejan mucho que desear.

Las condiciones económicas y políticas en que surgió el llamado Impuesto a la Radio y Televisión, que en 2017 se estimó, según la Ley de Ingresos de la Federación, en 2 mil 740 millones de pesos, han cambiado, por lo que es urgente revisarlo.

Los radiodifusores han reiterado que la libertad de expresión fue coartada en 1968 mediante un impuesto cuya recaudación sigue favoreciendo en exclusiva a la clase política, afirmación que mucho tiene de verdad, verdad a la que debemos agregar que no se trata sólo de hacer justicia a un sector económico sino a todo un sistema de libertades.