Frenan en San Lázaro leyes para combatir los cánceres

POR LUCIANO FRANCO

Unas 22 mil mujeres cada año, sin recursos, sin estudios y generalmente sin acceso a ningún servicio de salud, están condenadas a vivir el resto de sus vidas mutiladas de uno o ambos senos a consecuencia del cáncer, ya que no pueden pagar las intervenciones de reconstrucción que tienen un costo de entre 20 mil y dos millones de pesos.

Pese a ello, y a que se trata de un severo problema de salud, el presupuesto de este año redujo en casi 45 por ciento los recursos para la capacitación médica y atención en el diagnóstico del cáncer de mama, afectando también al programa integral para la atención de cáncer cervicouterino avanzado y metastásico.

El presupuesto “castigado” que tuvo el sector salud para este 2019, en el que se destinaron 35 millones de pesos para la implementación del Registro Nacional de Cáncer, que fue integrado al Instituto Nacional de Cancerología, para el reforzamiento de programas de detección y atención de cáncer de mama, próstata y cervicouterino.

No sólo eso, además, la Cámara de Diputados, desde su Comisión de Salud, está a un paso de echar abajo dos iniciativas presentadas en octubre del año anterior por las diputadas de Morena, Nelly Carrasco y Rocío Barrera, quienes por separado plantean que el Estado garantice, de manera gratuita, las intervenciones reconstructivas.

El Instituto Nacional de Cancerología de México da cuenta del déficit que hay en el país para la atención del cáncer de mama, su tratamiento e intervención quirúrgica —mastectomía— y la reconstrucción.

En la actualidad, señala ese órgano especializado, se tiene un registro de entre 2 mil 500 y 3 mil especialistas en oncología, entre cirujanos, oncólogos médicos, radioncólogos, oncólogos pediatras y ginecólogos oncólogos, lo que representa una cifra insuficiente para atender a una población que supera los 120 millones de personas, de los cuales 40 millones son adultos.

Dada la importancia que tiene este tema de salud en México, las morenistas plantearon dos iniciativas de ley, ambas encaminadas a que el Estado sea el responsable de las intervenciones reconstructivas, que no se trata, aclaran, de “cirugías estéticas, sino de operaciones que devuelvan a las mujeres una parte muy importante de su ser y su autoestima”.

La diputada Carrasco señala que, a pesar de que la reconstrucción mamaria se realiza en el sector público de salud mexicano, no se difunde y el porcentaje de aplicación respecto a las pacientes de mastectomía, es mínimo.

En entrevista, asegura que “el tratamiento no es considerado un derecho para los beneficiarios de dichos servicios, ni existen programas específicos de aplicación; es decir, este tipo de reconstrucción no es tomada en cuenta en los programas de salud de las instituciones públicas”.

Por ello, añade, se busca que las instituciones de servicios de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Secretaría de Salud, “estén obligadas a proporcionar el servicio gratuito de reconstrucción mamaria a las pacientes que han sufrido la pérdida de uno o ambos senos a causa del cáncer mamario, además de que las autoridades de salud estén obligadas a difundir esa posibilidad y derecho de las pacientes”.

Advierte que “las mujeres que, para contrarrestar dicha enfermedad, han sido sometidas a procedimientos de mastectomía, quedan con secuelas, que las afectan física, familiar, social, laboral, económica y psicológicamente.

“Muy pocas, quienes han podido reintegrarse a la vida social, han accedido a procedimientos de prótesis, implantes o reconstrucción mamaria que han coadyuvado a su rehabilitación”.