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Gobierno abierto y ciudadanía

Gobierno abierto y ciudadanía

Columnas lunes 29 de abril de 2019 - 02:14

En el ejercicio del derecho a la información y la transparencia de las y los ciudadanos, han existido avances significativos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.

Para lograr esa apertura, se integró formalmente el 20 de septiembre de 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), conformada por ocho gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos), mediante la cual aprobaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus Planes de Acción Nacionales. Actualmente la integran 79 países y 20 gobiernos subnacionales, los cuales han realizado más de 3,100 compromisos para que sus gobiernos sean más abiertos y responsables.

México, como miembro de la AGA, tiene la obligación de implementar planes de acción con compromisos concretos en materia de Gobierno Abierto.

Esta Alianza, firmada por nuestro país como una iniciativa multilateral, pretende impulsar el compromiso, la colaboración y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos; para tener un presupuesto abierto y sujeto a la participación de todos los ciudadanos.

Asimismo, tiene como premisa fundamental abrir la información como condición para disminuir la desigualdad, el uso sostenible de los recursos naturales para la inclusión social y nuevos emprendimientos.

Por su parte el Gobierno Abierto busca la transparencia en todas sus formas, ya sea activa (difusión de información del sector público), pasiva (acceso la información del sector público) o colaborativa (reutilización de la informacióndel sector público).

Con base en lo anterior, los gobiernos tienen que ser transparentes, puesto que es la única forma en la que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre lo que están haciendo sus gobernantes y la forma en que se encuentran ejerciendo los recursos. En tanto que las instituciones tienen la enorme responsabilidad de plantear esquemas para mejorar la rendición de cuentas ante sus gobernados de manera obligatoria.

Es así que la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas es fundamental para el funcionamiento de la democracia y la eficacia de la gobernanza. La comunidad internacional también reconoce que existe una vinculación intrínseca entre las estructuras de gobernanza inclusivas y nuestra capacidad para lograr el desarrollo sostenible.

Este hecho se consolida en la Agenda 2030.

Con el fin de fortalecer nuestras instituciones democráticas, restaurar la confianza de la ciudadanía y reforzar nuestra capacidad para lograr el desarrollo sostenible, los parlamentos deben liderar con el ejemplo y hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos legislativos.

Flor de loto: Los servidores públicos deben actuar como si vivieran en cajas de cristal: todos sus actos deben ser transparentes.

•Especialista en Derecho Constitucional
y derechos humanos

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/CR

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