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Historia y dictadura

Historia y dictadura

Columnas viernes 15 de noviembre de 2019 - 01:38

Maquiavelo deja perfectamente claro en El Príncipe, que uno de los deberes primordiales del gobernante es la construcción de instituciones. La infraestructura que garantice la gobernabilidad, la seguridad, la unidad y el beneficio de los habitantes (recordemos la obsesión del pensador para la unidad de Italia), y sabe perfectamente que ese proceso edificatorio “no se hace con padres nuestros”, sino con carácter, inteligencia y algo de crueldad, para apagar oposiciones de figuras que se benefician del caos. Esa imagen obtusa, que refleja mucho de prejuicio y de ignorancia sobre el florentino, deja claro a la posteridad el deber de un gobernante.
La construcción de la institucionalidad tendrá en Porfirio Díaz un ejemplo edificante de los más fieles principios del maquiavelismo bien entendido: pacificador, constructor, revitalizador cultural y prócer de la industrialización que permitiera a México la implantación del liberalismo industrial con sus valores culturales amparados en el orden social y el progreso económico.
Podemos atender las referencias de pensadores que abarcan desde F. Cosío Villegas o F. Katz, hasta A. Knight y P. Garner, coincidir con la innegable y monumental obra de una dictadura claroscura que edificó a la clase media nacional. El progreso, no solamente es material, sino también espiritual. La elevación de la calidad de vida trae consigo la aspiración democratizadora de los sectores beneficiados y su exigencia a la participación de las virtudes públicas.
La maldición del dictador principesco, dignificador de la vida de su sociedad, es que al formar una sociedad con acceso a beneficios educativos, es que su capacidad de exigencia crece, y ni todo el paternalismo bien intencionado es capaz de parar la inminencia de un conflicto reivindicatorio que el mismo Hegel, lector gustoso de Maquiavelo, dedica en su filosofía del derecho para el estudio de la sociedad civil, con un Estado, que de carecer de los filtros institucionales pertinentes —el deber del derecho es mantener el conflicto a cause—, corre el riesgo de salirse de control y estallarle al glorioso benefactor patrio en la cara.
Los poderes personalistas, en donde el gobernante es la encarnación de la lex, lo hacen directamente objeto del encontronazo social. La responsabilidad recayó en el presidente Díaz y toda su obra heredaría el México moderno de la posrevolución. Atendamos a una explicación de los fenómenos seriamente.
Simplificar el caso de Bolivia a un caso racial o de intervencionismo yanke, deja fuera otra realidad: el progreso material del país andino, la construcción de clases medias que se lanzaron a la pelea por la democratización de un poder personalista que creyó que sólo basta con el progreso material. Bolivia es un caso de éxito, y es una alerta al populismo que cree que violando la institucionalidad como le da la gana, no traerá consecuencias al régimen.

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