IP arranca su “mejora regulatoria” en estados

Por Guadalupe Romero

Urge la iniciativa privada avanzar en la mejora regulatoria del país, adecuarla a la situación de reactivación, al combate a la corrupción y a la necesidad de mayor transparencia y bajos costos para los ciudadanos. Arrancan con un estudio para después definir la estrategia que consiga que la construcción, comercio, turismo y turismo sean los sectores objetivos para concretar los cambios hacia un crecimiento sostenible y sólido.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha puesto en marcha el proyecto para 15 municipios de relevancia económica nacional (Monterrey y Querétaro, entre los ya inscritos), a fin de hacer primero una evaluación y luego una reingeniería e implementar “una regulación ágil y moderna en esas entidades”.

La iniciativa, denominada “Municipios Competitivos”, busca promover mayores oportunidades de inversión, generar condiciones que favorezcan una mayor competitividad de la localidad y reducir los espacios para la corrupción. 

Señala el Ceesp, que administra el CCE al mando de Francisco Cervantes Díaz, que se promoverá la mejora regulatoria a través de la simplificación de trámites administrativos y servicios municipales y, además, se fortalecerá la participación de los empresarios locales en los consejos implementados para ello e impulsará el cumplimiento irrestricto del marco regulatorio.

En conjunto con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que ha identificado sectores que cumplen con lo que se busca mejorar, la iniciativa privada los adopta para el proyecto: 

Construcción. Se ha identificado un promedio de 66 días para la obtención de la licencia de construcción, 43 trámites para su desahogo y 21 interacciones entre la autoridad y el interesado. Por otra parte, solo hay nueve municipios con certificado de proceso ágil. Se requiere una estrategia agresiva de simplificación en este trámite para detonar el importante potencial que guarda para la generación de riqueza.

Comercio. Hay regulaciones y normativas estatales y municipales que limitan el crecimiento de esta actividad, tales como: restricciones de horarios, establecimiento de distancias mínimas, requisitos innecesarios y preferencias de diversos tipos. Es necesario llevar a cabo acciones puntuales para revertir la existencia de estos fallos regulatorios.

Turismo. Una de las actividades más reguladas en este sector es la venta de bebidas alcohólicas. La mayoría de los estados y municipios cuentan con leyes o reglamentos estatales y municipales en la materia. La Conamer ha identificado la existencia de facultades discrecionales, horarios restrictivos, requisitos de distancias mínimas entre establecimientos con el mismo giro para operar, duplicidad de trámites, así como procedimientos para el otorgamiento de licencias que se prestan al arbitrio de las autoridades.

Transporte de carga. La Conamer y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) han identificado fallos regulatorios en el documento titulado “Propuestas de Agenda Regulatoria para el Sector Transporte de Carga”, entre los que destacan: regulación bajo el esquema de concesión; requisito de Declaratoria de Necesidad del Servicio; previsión de mecanismos de conciliación entre competidores para casos de competencia desleal, lo que favorece la colusión; establecimiento de tarifas de diversos tipos de preferencia. “Estas prácticas demandan una profunda revisión con miras a un marco regulatorio compatible con la inversión y que favorezca una oferta de servicios de calidad al consumidor”, subrayan los especialistas del CCE.

El análisis del Ceesp ejemplifica: “cuando las autoridades mantienen marcos normativos sencillos y transparentes, que permitan iniciar y operar una empresa sin tantos obstáculos, se incentiva la inversión y se fortalecen el crecimiento y la competitividad. Pero además, se facilita el combate a la corrupción y a la economía informal, lo que es un impulso a la productividad”.

Y para el beneficio del Gobierno federal y su compromiso ciudadano, “una mejor regulación ayuda a ampliar el número de contribuyentes fiscales, y así a fortalecer las finanzas públicas, la seguridad jurídica y patrimonial de trabajadores, empleadores, proveedores, clientes y consumidores”.

El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR), que a partir de la evaluación de 2020, es el Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, busca evaluar la situación de las entidades federativas y sus municipios respecto a un conjunto de buenas prácticas, basado en el consenso internacional acerca de las herramientas más efectivas para la disminución de la carga regulatoria y la simplificación de trámites, entre las que se encuentran las desarrolladas por la OCDE y el Banco Mundial. 

La aplicación de agendas sectoriales en la construcción, el turismo, el comercio y el transporte de carga a nivel municipal no es tarea fácil. Se requiere un consenso amplio y sólido entre autoridades, empresas, legisladores y ciudadanía para lograrlo de manera efectiva.