POR LAURA ARANA
En los primeros siete meses del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han abierto 10 mil 109 carpetas de investigación contra funcionarios por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, hasta el momento la administración no ha informado sobre cuántos casos han
ameritado prisión preventiva oficiosa.
▶ De diciembre a
junio, el número de carpetas se elevaron mes con mes, pues a finales del año pasado, cuando asumió el mandato el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) informó sobre la apertura de mil 192 averiguaciones, mientras que en junio pasado se reportaron mil 878 denuncias, es decir, en siete meses se incrementó un 57 por ciento.
Aunque no detalló en sus informes el tipo de delito cometido
por el funcionario, hasta el momento junio es el mes con mayores denuncias efectuadas contra funcionarios.
Respecto a las entidades que
más averiguaciones aplicaron por mal comportamiento de sus servidores son: la Ciudad de México con 2 mil 738, seguido del Estado de México con mil 394, Nuevo León con mil 1128, Baja California con 593, Chihuahua con 423, San Luis Potosí con 340 y Coahuila con 302 carpetas de investigación.
Los datos que presenta el Sesnsp se contraponen con los recién declarados por la titular de
la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval quien afirmó que la administración federal recibió más de 20 mil denuncias por supuestos actos de corrupción o faltas administrativas cometidas por servidores públicos, lo cual significa un aumento del 40 por ciento con respecto al mismo periodo del 2018.
Señaló que el organismo abrió
17 mil investigaciones en los recientes 7 meses, de las cuales 3 mil ya han concluido, pero no tienen una sentencia en firme.
También el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Público detalló que, respecto al mismo periodo del año pasado, de diciembre de 2017 a junio de 2018, en la administración del exmandatario, Enrique Peña Nieto se abrieron 10 mil 109 averiguaciones, por lo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se elevó casi un 4 por ciento las investigaciones sobre acusaciones emitidas por probables delitos de trabajadores del gobierno, tanto federal como estatal.
En abril pasado se elevó la pena de prisión preventiva oficiosa
a funcionarios que cometieran actos de corrupción.
Entre los castigos que han emitido las autoridades estatales, se
encuentra que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a seis años de prisión al exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua Antonio Enrique Tarín García, por apoderase de recursos públicos de la entidad. También se acreditó ante un Juez de Enjuiciamiento la responsabilidad penal de Antonio Tarín en el desvío de 2.4 millones de pesos.