No bastan los discursos ni las buenas intenciones; y, a estas alturas, ni atender de manera aislada algunas de las causas de la delincuencia y la violencia en el país, es decir, la gran cantidad de recursos que se están destinando para combatir la marginación.
No. El problema de la inseguridad y la violencia requiere ser atendido de manera integral, con mejores policías y Guardia Nacional capacitadas, disciplinadas y honestas, labores de inteligencia, sólidos y efectivos sistemas de impartición de justicia y, principalmente, abatir la impunidad.
Así parecen demandarlo las más recientes cifras sobre violencia en el país que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según las cuales, junio cerró como el mes más violento de 2019. Inseguridad al alza.
Según un diagnóstico presentado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el nivel de impunidad en México es de 95 por ciento y hay un rezago de 300 mil casos. El fiscal plantea la necesidad de reformar el sistema penal de manera que se logre que todos los delitos graves no prescriban y se dé prioridad a la reparación del daño a las víctimas.
Gertz Manero también refirió que es apremiante generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata mediante una nueva ley orgánica de la FGR y un proyecto de una nueva ley nacional de cultura y justicia cívica inmediata, de carácter nacional y de aplicación local. Ofreció también la elaboración de un proyecto legislativo a fin de reformar el Código Único de Procedimientos Penales para acabar con el fenómeno criminal, así como terminar con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público.
Esos son los planteamientos del fiscal, quien cuenta con todo el apoyo del Presidente; sin embargo, el plazo que éste se impuso para comenzar a dar resultados en seguridad se acerca. En abril ofreció que en seis meses comenzaría a bajar la inseguridad ya que para entonces, en octubre, cerca de 20 millones de mexicanos serán beneficiados con alguna de las ayudas puestas en marcha en su administración.
El problema es que en el país no sólo existen resquicios legales para evadir la acción de la justicia, sino una falta de coordinación en los distintos niveles de gobierno para garantizar a la población un ambiente seguro.
Y a la ola “normalizada” de violencia de los gremios delincuenciales, se suman otros factores: por ejemplo, la persistencia de los grupos de autodefensa en algunas regiones, principalmente de Guerrero y Michoacán, cuya existencia puede ser aprovechada por criminales.
Allí está el resurgimiento de las autodefensas encabezadas por el empresario limonero Hipólito Mora en el municipio de La Ruana, en Michoacán.
La 4T promete un Gobierno distinto a los precedidos por PRI y PAN y sin embargo persisten muchos de los problemas en materia de seguridad que si bien son heredados urge que comiencen a ser resueltos.
ditor. Actualmente director del portal
LaHoguera.mx