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Integridad empresarial: obligación legal

Integridad empresarial: obligación legal

Columnas jueves 24 de octubre de 2019 - 02:38

La concepción de la integridad como meta de llegada en el combate a la corrupción, como triunfo y victoria en esa guerra, no es producto de un ejercicio de reflexión filosófica, ni mucho menos, deseos de mejora anclados en aspiraciones de futuro. Se trata de un mandato claro, expreso y actual de la ley que debe interesar no solo a los servidores públicos, sino también a los empresarios que en lo individual o a través de las personas morales que constituyen y dirigen o representan, se vinculan con gobiernos de los tres niveles en procedimientos de licitaciones públicas.

La orden viene desde la constitución a partir de la reforma de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Ese dispositivo establece que se deberá sancionar a los particulares que se involucren en actos vinculados con faltas administrativas graves de servidores públicos y que las sanciones serán multa en dinero, inhabilitación temporal para participar en procesos licitatorios y/o indemnización por daños a la hacienda pública.

Para las personas morales, las sanciones podrán ser cualquiera o varias de las anteriores pero además, la intervención de la empresa, la suspensión de actividades o, inclusive, la disolución de la sociedad respectiva.

¿Cuáles son las faltas graves? Soborno, participación ilícita en procedimientos licitatorios, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de investigaciones, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exservidores públicos.

Dicha ley dice que cuando una empresa sea sujeta a procedimiento, la autoridad, para determinar la responsabilidad de la empresa, valorará si la corporación cuenta con una política de integridad.

¿Qué debe contener una política de integridad? La propia ley lo aclara: un manual de organización y procedimientos claro y completo; un código de conducta debidamente publicado y socializado; sistemas adecuados y eficaces de control interno, vigilancia y auditoría; sistemas adecuados de denuncia y procesos disciplinarios que generen consecuencias reales por incumplimiento o violación de normas internas o legislación mexicana; capacitación y entrenamiento respecto de las medidas de integridad referidas; políticas de reclutamiento que prevengan la contratación de personas que puedan encarnar un riesgo a la integridad de la corporación; y finalmente, mecanismos de transparencia y publicidad de sus intereses.

Existen dos normas adicionales en la constitución que los empresarios deben considerar. Primera, cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados sobre la comisión de las conductas referidas. Segunda, que frente a procedimientos de investigación en esta materia, las empresas y sus abogados no podrán oponer el secreto fiscal, bancario o fiduciario. ¿Su empresa ya tiene su infraestructura o política de integridad? ¿Ya sabe quién se la va a auditar? Blíndese; es mejor temprano que tarde.

•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2

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/CR

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