Jueces a modo

Este es el segundo conflicto que enfrentan las autoridades federales, además de la delincuencia organizada.

Nos comentan que la semana pasada, en un hecho sin precedentes, la ASEA ordenó la clausura, el desmantelamiento, así como demolición de una planta distribuidora de gas en Zapopan, Jalisco luego que detectara que las instalaciones no contaban con autorización de impacto ambiental, estudio de riesgo, ni programas de prevención de accidentes aprobados, vigentes y debidamente actualizados.

Por estas irregularidades la dependencia federal ordenó desmantelar y demoler las instalaciones que, a su consideración, representaban un riesgo para la comunidad; además el propietario estará obligado a pagar una multa y restablecer servicios ambientales por un monto superior a los 14 millones de pesos, pero, en otros estados como en Coahuila, el trabajo de las instituciones federales se ha visto imposibilitado por la protección que alguna gasolineras reciben de jueces, ahí en Torreón, han solicitado la intervención del Consejo de la Judicatura Federal, para indagar nexos del juez de distrito, Carlos Fernando Gallegos Santelices, luego de una serie de denuncias públicas que lo señalan como protector de una cadena de gasolineras instaladas en aquella entidad.

Nos aseguran fuentes federales que estas gasolineras, actualmente están clausuradas y aseguradas por la FGR luego que una revisión, comprobara que venden gasolina “cuya procedencia no se pudo acreditar”, según la orden federal que mostraron los agentes, luego de colocar los sellos de clausuras.

Según la indagatoria, el juez, Carlos Fernando Gallegos Santelices, busca todo tipo de argucias legales para amparar a esos expendios causados apenas el mes pasado.

La FGR como la ASEA han solicitado dentro del Consejo de la Judicatura Federal que el juzgador rinda cuentas en torno a su actuar, pues mientras las gasolineras legalmente establecidas son revisadas exhaustivamente, las que venden el producto robado reciben estos beneficios.

VENTANAL

Ayer se dio la gran revelación, la PGJ capitalina no tiene hasta el momento una prueba científica contundente para poder imputar a los probables responsables de la violación de una menor de 17 años, ocurrida la madrugada del 3 de agosto en calles de Azcapotzalco.

“Si la tuviéramos la estaríamos presentando, eso es lo que no tenemos, no es que lo estemos negando, por eso estamos sometiendo al escrutinio de la Comisión (de Derechos Humanos) todas las pruebas y todos los elementos que dentro del debido proceso se pueden presentar y pueden conocerse”, reconoció el vocero, Ulises Lara.