Justicia abierta y ciudadana para combatir la corrupción

Los magistrados e investigadores coincidieron en que la información emitida desde las instancias muchas veces no responde a los principios de accesibilidad e inclusión.

Por ello, instaron a la publicación de todas las sentencias, a que estás contengan información útil, clara y accesible que permita a las personas tomar decisiones informadas.

Todos tenemos derecho a contar con acceso a la justicia, a que nuestra voz sea escuchada y a desenvolvernos en un entorno seguro para ejercer nuestros derechos. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de las Naciones Unidas, los Estados miembros reafirmaron su compromiso para adoptar medidas en favor de servicios más justos, transparentes, eficaces, responsables y no discriminatorios. En este escenario que requiere de esquemas de impartición de justicia más transparentes y responsivos, la justicia abierta se posiciona como un modelo que facilita la reducción de las distancias entre los órganos jurisdiccionales y la población que recurre a ellos para resolver sus necesidades y problemáticas.

La transparencia, la apertura de los datos y la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía activa, son los tres pilares que sostienen a la justicia abierta. Es importante mencionar, que estos pilares deben estar siempre sustentados en un diálogo centrado en las expectativas y necesidades del individuo, y encaminado a reconstruir la confianza entre la sociedad y los impartidores de justicia.

Informarse es indispensable para decidir mejor, y dada a la relevancia e impacto en la vida de las personas, en materia de justicia contar con los insumos informativos, se vuelve esencial. Por lo que, establecer una comunicación más activa mediante esquemas y tecnologías accesibles para la sociedad es una de las estrategias para tener mayor comprensión y transparencia del ejercicio jurisdiccional. Además de ello, uno de los elementos indiscutibles a considerar es el uso de un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona que facilite el diálogo y la inclusión de todos. Es decir, un lenguaje más ciudadano en las resoluciones y sentencias a efecto de que se posibilite no sólo un control social sobre los tribunales, sino también a que los justiciables entiendan el proceso y la manera en que se resolvió su caso.

Consideramos que la transparencia y la conformación de esquemas que sumen la voz de la ciudadanía y de los expertos a los ejercicios jurisdiccionales son condición para contar con un sistema de acceso a la justicia más inclusivo y que rinde cuentas. Incorporar a la sociedad en un proceso que es, meramente suyo, reducirá los espacios para la opacidad, la arbitrariedad, la corrupción en el acceso a la justicia.

•Comisionada del INAI