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Justicia: la deuda con la sociedad mexicana

Justicia: la deuda con la sociedad mexicana

Columnas jueves 05 de septiembre de 2019 - 02:48

Impulsado por organizaciones de la sociedad civil, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, organizó —4 y 5 de septiembre— el foro sobre reformas a los poderes judiciales en México, para analizar las iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

¿Por qué es tan importante reflexionar sobre la impartición de justicia en el siglo XXI? La respuesta es añeja, pero sigue vigente, quizás hoy más que nunca.

Cuando las múltiples y complejas interrelaciones privadas y públicas que tienen lugar en nuestro país terminan en conflictos sociales que no se resuelven, sin darnos cuenta, con el paso del tiempo, se convierten en el enemigo silencioso más peligroso de la estabilidad social, el orden y la paz pública.

Cuando un Estado no pone como prioridad de su actividad política a la impartición de justicia —como ha sido el caso mexicano—, es casi imposible que florezcan el orden, la concordia, la paz y el progreso humano.

Cuando en una sociedad los conflictos se resuelven con lentitud y es complejo y costoso acceder a la jurisdicción, estamos frente a un sistema de obstrucción, no de impartición de justicia.

¿Qué debe tomarse en cuenta para posibles reformas a los poderes judiciales en México?

El establecimiento de una carrera judicial que permita la profesionalización de las y los juzgadores, así como del personal de los tribunales, basado exclusivamente, en méritos profesionales y personales.

Un sistema de designación mediante concursos auténticos de oposición, en los que se tomen en cuenta conocimientos, habilidades, méritos profesionales y experiencia para ocupar un cargo judicial y sus respectivos ascensos.

Garantía de ratificación judicial e inamovilidad hasta que las y los juzgadores lleguen a edad de retiro forzosa, que hagan efectivas la independencia e imparcialidad.

Fijar remuneraciones adecuadas con el grado de responsabilidad y cargas laborales, así como establecer un régimen de pensiones y condiciones de servicio y jubilación decorosas.

Destinar financiamiento suficiente y cierto para el adecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Un sistema transparente que permita a la ciudadanía conocer cómo y por qué se resuelve en determinado sentido.

El otro gran tema, es la urgente adopción del paradigma de solución de conflictos a través de medios alternativos, por encima del litigio.

Debemos transformar las coordenadas del conflicto inicial. México ya no puede apostar por la “solución judicial” de todas las controversias.

Lo que la ciudadanía requiere no es, forzosamente, que las partes ganen juicios, sino que se solucionen efectivamente sus conflictos y ello, no implica acudir necesariamente a una vía judicial, sino que debemos implementar otros instrumentos que, en etapas tempranas de la controversia puedan desactivarla, como es el caso de la conciliación y la mediación.

Esa debe ser nuestra apuesta a futuro.

•Especialista en Derecho Constitucional
y Teoría Política

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/CR

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