La SCJN mantiene sin efecto ley de salarios

POR JONATHAN BAUTISTA

Los senadores de oposición ganaron un nuevo round al Gobierno federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

▶ Ayer los ministros que integran la segunda sala votaron a favor de mantener suspendida la Ley Federal de Remuneraciones, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que nadie puede ganar más que él, alrededor de 108 mil pesos.

Por mayoría de 3 votos, los ministros se pronunciaron por mantener la suspensión solicitada a través de la acción de inconstitucionalidad por una minoría de senadores del PRI, PAN, PRD, MC y un senador independiente.

Los ministros que participaron en la sesión de ayer invocaron el artículo 1o de la Constitución, en sus párrafos segundo y tercero, donde establecen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El máximo tribunal del país desahogó los recursos que se presentaron en contra de dicha suspensión que otorgó en diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán, y que impide la aplicación de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos.

Quienes votaron a favor fueron los ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Luis María Aguilar.

En el caso de Luis María Aguilar, pertenece a la primera sala, pero se solicitó su participación en la segunda sala para evitar que se obtuviera una votación mayoritaria, toda vez que la ministra Margarita Luna Ramos se encuentra de vacaciones y al votarse a favor o en contra de los proyectos presentados podría darse un empate.

En tanto los ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González-Salas votaron en contra de la suspensión otorgada, pero al no ser mayoría se mantienen los efectos de la suspensión.

Ahora será en el pleno de la Corte en donde se resuelva la constitucionalidad de la ley de percepciones, la cual ha sido impugnada, entre otros, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencias, integrantes del Congreso de la Unión y más de 3 mil servidores públicos que promovieron solicitudes de amparo.