El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) confirmó que un senador, miembro de la iglesia de La luz del Mundo, tuvo la intención de organizar un homenaje en el palacio de Bellas Artes para conmemorar el cumpleaños de su líder religioso.
El instituto aclaró que nunca tuvo conocimiento de dicho plan, y que en el convenio no se autorizó su realización. De último momento, durante el evento, se tomó la decisión de impedir cualquier actividad de índole religiosa dentro del recinto. La prensa ejerce presión para que las instituciones culturales aclaren cómo se protege el patrimonio cultural de usos particulares, que como en este caso, no coinciden con los objetivos laicos de una política cultural democrática.
Sobre la situación, usuarios en redes sociales preguntaron si debe prohibirse el uso de los recintos culturales cuando albergan exposiciones con temáticas religiosas.
"Hay una exposición sobre vírgenes de Guadalupe, en el Castillo de Chapultepec ¿No viola eso también el estado laico?; ¿Se deben prohibir exposiciones de Buda en los museos de historia?", fueron algunos de los cuestionamientos entorno a los objetivos de la cultura, en tanto asunto público.
Durante los regímenes fascistas la cultura fue un campo severamente supervisado por el poder. Las dictaduras la utilizaron como medio de propaganda política para construir una visión ideológica de la historia, de la identidad y fomentar la lealtad al Estado. En contraste, cuando la cultura cuestiona los valores oficiales, el Estado reprime y ataca. A pesar de ello, Eduardo Nivón, especialista en políticas culturales, señala lo significativo que es para una sociedad democrática contar con una acción estatal que salvaguarde segmentos de la cultura que, — para existir, preservarse o generalizarse — necesitan atención como parte de la acción pública (La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, Nivón, Eduardo, 2006, INBA).
El arte, la cultura y el patrimonio tienen su fundamento en la actividad creativa de los ciudadanos y el papel del Estado es proteger, divulgar, fomentar y reglamentar, no tutelar y menos manipular la cultura para perseguir fines particulares.
La relación entre Estado y cultura siempre será compleja, porque su naturaleza es contradictoria. Mientras la cultura es un espacio de libertad y reflexión, el Estado vigila y sanciona. Por eso es tan importante definir el sentido de una política cultural que esté comprometida con proyectos y actividades en los que se garanticen como derechos sociales la libertad de creación y de pensamiento. La función de los recintos culturales no es promover o atacar algún culto.
Una buena parte del patrimonio contiene creaciones que provienen de contextos religiosos. Pero su importancia cultural y pública no está definida por su función religiosa, sino por su intencionalidad estética, intelectual e histórica, o sea cuando se vuelve recurso para la reflexión y las capacidades críticas de los ciudadanos.