La edición del New York Times del sábado 6 de abril pasado, da cuenta de una donación rechazada a la familia Sackler, dueña de Purdue Pharma, creadora del OxyContin, el poderoso analgésico opiáceo al que se le responsabiliza de buena parte de la adicción de los estadounidenses por los derivados del opio y, por ende, de la epidemia de muertes que sólo el año antepasado cobró más de 72,000 víctimas. Los museos Tate, en Londres, y el Guggenheim, en Nueva York, decidieron no aceptar donativos de los Sackler. La Galería Tate anunció que había decidido cancelar un donativo de 1.3 millones de dólares.
En 1995, la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos aprobó la venta del OxyContin para su uso en el tratamiento del dolor. El primer objetivo de médico, se decía, es evitar el dolor del paciente. Así, se dio impulso a una de las campañas de posicionamiento y venta de un producto farmacéutico más agresivas que se conocen. Los médicos que recetaban el OxyContin recibían bonos e invitaciones a congresos y las ganancias de los Sackler eran tan cuantiosas que les permitían enfrentar los primeros brotes de inconformidad y las demandas que se generaban, pues el medicamento era, ciertamente, muy efectivo contra el dolor, pero altamente adictivo. Así fue hasta 2015, cuando Richard Sackler fue arrestado por una denuncia presentada por el Estado de Kentucky. Se había iniciado una causa por la muerte, por sobredosis, de un adolescente al que se le había recetado el fármaco.
A partir de ese año, las recetas de OxyContin se limitaron. ¿Qué es lo que sucede cuando una sustancia altamente adictiva es limitada o prohibida? No hace falta ser sociólogo para advertir que ante la prohibición de una sustancia demandada lo que surge, de inmediato, es un mercado negro. Eso sucedió con la crisis del OxyContin. Lo grave es que la sustancia sustituta, colocada en el mercado ilegal, proviene básicamente de China y es mil veces más adictiva y peligrosa que la sustituida. Es el fentanilo. Para llegar a Estados Unidos hace escala en México. Arriba por Manzanillo, principalmente, y después recorre el país hasta la frontera norte. Tijuana, por ejemplo. El cruce es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y por el Cártel de Sinaloa. Se calcula que una caja de zapatos llena de ampolletas con fentanilo se valúa en cerca de medio millón de dólares. ¿Explica esta demanda de opiáceos y opioides y su alta rentabilidad el incremento de homicidios en estados como Colima y Baja California?
Basta una correlación entre las curvas ascendentes de muertes por sobredosis en Estados Unidos y los homicidios en esas regiones de México para insistir en la hipótesis de que buena parte de la crisis de seguridad en nuestro país responde, sí, a la corrupción, sí a la debilidad policial, pero también a la presencia de mercados ilegales que se regulan a través de la violencia. Es el caso de esta nueva guerra del opio.
•Excomisionado Nacional
de Seguridad: @Ley13091963