La ley no es negociable

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen el bloqueo que instauraron hace más de 20 días, en las vías férreas de la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, Michoacán, generando así desabasto de productos tanto de primera necesidad, como para la industria, no solo de esa entidad, también del resto del país.

Al respecto el Presidente de la República informó la semana pasada que había instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que presentara una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta recomiende las acciones necesarias a aplicar ante la contingencia.

El pasado 8 de febrero, la CNDH respondió al Presidente, mediante un comunicado de prensa, que buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales “sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.

Con lo anterior la CNDH ha señalado que dentro de sus facultades está la de sólo conocer de actos de autoridad; dejando en claro que el bloqueo de las vías férreas por parte de la CNTE no es un acto de autoridad sino un acto ejecutado por particulares.

La autoridad al permitir el bloqueo de las vías férreas, esta consintiendo un acto a todas luces ilegal que violenta los derechos de muchas personas, causando pérdidas millonarias de perecederos y desabasto en el mercado de nuestro país, además de que pone en riesgo miles de empleos y la economía de esos trabajadores, que depende de que dichas mercancías lleguen a sus destinos.

Al respecto la propia CNDH señala que no es permisible que las instancias de gobierno renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.

Es necesario que el secretario de Comunicaciones y Transportes cumpla con su tarea y ejerza acciones legales en contra de las personas que ataquen cualquier vía de comunicación; no actuar, puede hacerlo caer en una responsabilidad civil o incluso penal por motivo de su encargo.

La autoridad no debe prestarse al chantaje y permitir este tipos de actos que responden a intereses de grupos particulares.

Son válidas las protestas pacíficas en una sociedad democrática, pero no debemos olvidar que nunca el derecho de unos debe violentar los derechos de otros, para eso está la ley que busca una sana convivencia. Cualquier demanda, por legítima que sea, debe formularse por las vías institucionales y legales.

Debemos vivir en un Estado de derecho, donde nadie esté por encima de la ley.

“La ley no es negociable”.