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La marea que ahogó los derechos
La marea que ahogó los derechos

Columnas jueves 16 de mayo de 2019 - 02:34


El domingo 12 de mayo, ciudadanos de la CDMX amanecimos, literalmente, inmersos en una marea de contaminación. Los avisos en redes sociales sobre las condiciones deficientes del aire en ocho alcaldías de la ciudad y municipios del Estado de México comenzaron días antes.

Ante este escenario, autoridades del Estado de México, la CDMX, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales —federal— y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se reunieron y reportaron más de 50 incendios en los territorios que conforman el Estado de México y la CDMX.

En medio de esta grave crisis ambiental, la primera reacción de las autoridades fue la pasividad. Bajo argumentos tales como que no podía decretarse contingencia ambiental en razón de que aún no se habían sobrepasado los 150 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire (Imeca); o que a pesar de la gran concentración de partículas 2.5 suspendidas, no existía una norma específica para adoptar medidas ante ese tipo de contaminantes, las autoridades permitieron que todos los vehículos siguieran circulando durante casi una semana, no evitaron que industrias redujeran sus operaciones, e inclusive, dejaron correr el tradicional ciclotón que se realiza los domingos en la capital.

Las condiciones ambientales eran delicadas, pero como no había regulación específica para cuidar nuestra salud por una marea de contaminación proveniente de incendios, las autoridades no supieron qué hacer.

En nuestra Carta Fundamental, el artículo 4° establece el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, porque se trata de una garantía para la realización de los demás derechos, ya que el ser humano se encuentra vinculado con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, salud e incluso supervivencia como especie, depende del cuidado a nuestro planeta.

En otras palabras, el ambiente es nuestro entorno y su bienestar es vital para subsistir.

La incomprensión de ese alcance de los derechos humanos, entre otras cosas, es lo que ha hecho que México no se consolide como un auténtico Estado democrático y constitucional de Derecho.

Nuestras autoridades siguen sin concebir a la Constitución como un ordenamiento viviente y dinámico que exige de ellas acciones proactivas, coordinadas, ordenadas y eficientes, especialmente, cuando se trata de proteger derechos humanos.

Cada derecho previsto en la Constitución es un mandato que impone a alguna autoridad, órgano o poder del Estado, determinada obligación para que la satisfacción a esos derechos se realice en la mayor medida posible, teniendo en cuenta todos los medios materiales, financieros y jurídicos de los que se dispone. Así debió ser visto el problema para actuar en consecuencia, por lo que la protección a estos derechos tenía que garantizarse, aun sin regulación específica, para que medio ambiente y salud no quedaran en mero papel.


•Especialista en Derecho Constitucional
y Teoría Política

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/CR

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