La pobreza crece y urge replantear la política social: Coparmex

La contracción económica de México en 2020, ocasionada por la pandemia de Covid-19, fue de 8.5% impactando el empleo formal, las horas trabajadas y los ingresos laborales. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados, afirma en su Señal Coparmex.

Agrega que se reportan 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en pobreza extrema; pero si analizamos los indicadores de Bienestar Económico encontraremos que son 66.9 millones quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar (CONEVAL, 2021). Es decir, no ganan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población del país en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. En términos de carencias sociales, el cambio entre 2018 y 2020 fue un preocupante aumento de 12.0 puntos.

La Coparmex subraya que de los seis indicadores de carencias sociales que mide el índice multidimensional de la pobreza (rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.

El 70 % de la población que nace en los 2 quintiles socioeconómicos más bajos, permanece ahí, con pocas posibilidades de superar esas condiciones (movilidad) según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Si naces pobre, es muy probable que así te quedes el resto de tus días.

Para el cierre de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que los pobres en México serán 58.1 millones; considerando que las mujeres son más del 50 por ciento de la población, el problema aumenta por la falta de oportunidades.

Agrega el sindicato patronal en su estudio semanal que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) plantea destinar el próximo año 600 mil 321.9 millones de pesos (mdp) a 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios.

Se estima asignar a la Secretaría del Bienestar 32% más recursos en términos reales, pasando de los 308 mil millones de pesos presupuestados en 2022 a 408 mil millones para 2023.

Es decir, son cantidades multimillonarias destinadas a transferencias, apoyos y becas; en contraste, el gasto educativo estará por debajo de los niveles pre-pandemia, ya que solo se incrementaría en 4.5% respecto a 2022 y para la Educación Básica no se etiquetó presupuesto para abatir los efectos de la pandemia pese a que este nivel educativo concentra al 73.1% de la matrícula escolar.

Lo mismo ocurre con el gasto per cápita en salud, cayó 2.1% para quienes no cuentan con seguridad social que es justo la población menos favorecida.

Los programas sociales serían eficaces si hubiesen reducido el número de personas en pobreza, pero eso no ha ocurrido.

La desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI que no funcionó, empeoraron la situación, se obligó a miles de mexicanos a acudir a los servicios privados de salud; también, se desmanteló el sistema de abasto de medicinas y se eliminaron las escuelas de tiempo completo.

Para la Coparmex, se han descuidado la salud y la educación lo que ha tenido impacto negativo en el bienestar de los mexicanos y condena a los menos favorecidos a la pobreza.

Agrega que se ha mencionado que el 70% de los hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi muestra lo contrario ya que sólo 29.7% de los hogares reportó recibirlos. En 2016, el 67% de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social; en 2020, bajó a 43%.

La misma ENIGH de 2020 muestra que mientras en 2018 el 60.7% del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 %; es decir, más del 20% de los hogares más pobres quedaron descubiertos con la política social actual.

Para el sector patronal, los Programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros, tienen una lógica de justicia social acertada pero tienen que ser rediseñados, contar con reglas de operación claras, con padrones de beneficiarios confiables y mecanismos de contraloría social que abonen a la transparencia.

La política social si bien ha sido eficaz en términos políticos no ha cumplido con su principal objetivo social.

Dice el estudio de los empresarios que se reconoce que los programas sociales son necesarios ante la pobreza y desigualdad que existe en el país.

Sin embargo urge un cambio de objetivo: en lugar de que sea la entrega directa de dinero, que este sea solo un medio; el verdadero objetivo debe ser que las personas y familias salgan de su condición de pobreza.

La Coparmex propone mantener los programas sociales pero al mismo tiempo generar las condiciones para que más empresas surjan y se creen empleos.

Para ello propone un Modelo de Desarrollo Inclusivo sustentado en 7 acciones:

1.- Cambiar el modelo de reparto de subsidios generales por una aplicación focalizada de los programas sociales y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos.

2.- Retomar el concepto del Coneval que considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), para hacerlo el estándar mínimo de ingresos. Por eso en Coparmex desde 2018 impulsamos el incremento gradual del salario mínimo. Existen iniciativas para mejorar las remuneraciones y crear trabajos dignos con derechos laborales, por ejemplo, las propuestas de Empresas por el Bienestar y de México Digno.

3.- Debemos garantizar que los empleos a los que acceden las personas vulnerables, como los indígenas, cuenten con seguridad social.

4.- Terminar con la brecha de género, asegurando igualdad de oportunidades.

5.- Establecer una política de fomento al emprendimiento; y también a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.

6.- Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social, para ello es imperativo asignar presupuesto igualitario e integrar funcionalmente la atención primaria en salud. La atención primaria permite atención preventiva, detección de riesgos y control de las enfermedades en sus primeras fases.

7.- Establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal.