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La rebelión de los federales

La rebelión de los federales

Columnas jueves 04 de julio de 2019 - 03:53


Los policías federales no quieren incorporarse a la Guardia Nacional (GN) y por eso están protestando. El centro de su inconformidad radica en la pérdida de derechos laborales y en la cancelación de lo que era un sistema de profesionalización.

Cuando entraron a la Policía Federal (PF) les dijeron que era una opción de vida, con condiciones adecuadas para su desarrollo y reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio.

Se oponen a las normas disciplinarias militares, porque difieren de los protocolos de comportamiento que deben guardar quienes realizan labores policiales. Es un choque entre visiones sobre la manera de enfrentar la inseguridad.

Para los integrantes de la PF está claro que la GN es una corporación de corte militar y sujeta a mandos castrenses. En la vida real los discursos y las fantasías no suelen funcionar.

No quieren ser militares, como los soldados no quieren ser policías. La seguridad pública difiere de la interior y la nacional, pero al parecer es algo que no importa, o no lo suficiente, a los encargados de implementar el proyecto ordenado por el Poder Ejecutivo.

Es grave lo que está ocurriendo, porque esa molestia e inconformidad, pegará en la calidad de la seguridad pública y en las posibilidades de hacer frente a los altos índices de criminalidad.

Nunca son sencillos los cambios. Hace algunos años, la transformación de la Policía Judicial Federal (PJF) en la Agencia Federal de Investigación (AFI), también generó resistencias. Los viejos cuadros y sobre todo los comandantes, veían con sospecha la llegada de generaciones de profesionistas y técnicos, que muchas veces hacían trabajo de gabinete y resolvían casos sin necesidad de utilizar las armas.

La AFI resultó un acierto y de ahí se nutrió parte de lo que ahora es la PF.

En aquellos años era una clara lucha entre quienes estaban atados al pasado y los que veían una oportunidad en la creación de una policía mejor preparada y acorde con los tiempos y con las disposiciones en derechos humanos.

Ahora es al revés, porque lo que se pretende es cancelar una institución con 20 años de existencia, para transitar a un esquema militar que no es el más funcional en las democracias.

Pero, además, los riesgos de la inconformidad y las protestas pueden traducirse en situaciones peligrosas, que comprometan la seguridad ciudadana.

El margen es poco, pero se podría iniciar por no descalificar, de modo cotidiano, a quienes optaron por ingresar a la PF y han pasado en ella años de su vida.

Si hay pruebas sobre conductas indebidas o delictivas, se tiene que proceder, porque lo que no es correcto es generalizar ya que, al final del día, sólo significa absolver, pero dañando la confianza, esa que es indispensable en servidores públicos que portan armas.

•Twitter: @jandradej

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/CR

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