Las listas negras de Bartlett

Las listas negras nunca son una buena idea. Sabemos cómo inician, pero nadie puede tener la certeza de hasta dónde llegarán y a qué costo.

Una de las más famosas de la historia es la que elaboraron John Edgar Hoover, director del FBI, y el senador Joseph R. McCarthy para perseguir comunistas. El daño fue severo y lo pagaron propios y extraños.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se estrenó en las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con los nombres de quienes, según él, participaron en el debilitamiento del sector eléctrico e incurren en conflictos de interés por trabajar en empresas relacionadas con el sector energético.

El catálogo es amplio: José Córdoba Montoya, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel, Jordy Herrera (quien ya aclaró que nunca ha participado en esos temas, luego de su paso por el gobierno) y el propio expresidente Felipe Calderón.

El alegato central de Bartlett es inquietante, porque se les acusa del aumento de la participación privada en el negocio de la electricidad, cuando esto es perfectamente legal y de trabajar en consejos empresariales en los que se requiere gente de muy alta experiencia, lo que es bastante normal.

El conflicto de interés tiene otras características y si existieron conductas indebidas deben ser investigadas, pero atendiendo a las reglas del debido proceso.

Al paso que vamos, no quedará títere con cabeza, porque estamos ante todo un proceso de revisión de las reformas “neoliberales” por lo menos desde el gobierno de Carlos Salinas.

Por ello, más que un tema de política energética, parece que nos encontramos, por momentos, ante un ajuste de cuentas políticas, que podrían tener su origen en las decisiones que tomó el entonces presidente Miguel de la Madrid para designar al candidato presidencial del PRI.

El actual director de la CFE no fue el favorecido y ahora carga contra todo lo que tenga que ver con grupos y corrientes que propiciaron la apertura económica.

El tema, sin embargo, va más allá, porque se extiende a una condena del trabajo que pueden realizar quienes fungieron como servidores públicos en el pasado.

Si las cosas se radicalizan o llevan al absurdo, haber trabajado en la administración pública se puede convertir en un obstáculo y en una condena dentro de las coordenadas que está estableciendo la Cuarta Transformación.

Ello, con el tiempo, será otro golpe contra la calidad de las gestiones y colaboración en el gobierno, ya que no cualquiera se animará a participar con bajos sueldos y a los que ahora se les suman condenas morales de todo tipo