Las transformaciones judiciales en el México del siglo XXI

Al debate se le calificó como “inaplazable” y es que los estudios al respecto revelan un claro descontento social hacia la labor del juzgador en México. Sirven de apoyo los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2018, que señalan que siete de cada diez mexicanos consideran que los jueces son corruptos.

Con esto, la ciudadanización de la judicatura queda resaltada como una preocupación crucial en la agenda normativa mexicana. La cercanía puede lograrse, en primer lugar, con la publicación de la totalidad de las sentencias, pero desgraciadamente existe un déficit en la difusión que se hace de las resoluciones judiciales. La eliminación de tal sesgo ayudará al conocimiento del Poder Judicial, así como a la congruencia de los juzgadores, que de esta forma tendrán incentivos adicionales para fallar en el mismo sentido en casos con igual razón de fondo.

Asimismo, es menester que la redacción de sentencias cambie, haciéndolas más accesibles al público, que es para quien verdaderamente van dirigidas.

Ahora bien, un indicador más de las temáticas a resolver lo suministran los temas de las últimas iniciativas presentadas en el seno el Congreso de la Unión. Se ha dicho que esta es la legislatura de la paridad, pero bien podría decirse que también lo es de la reforma en materia judicial, siendo que se ha dado trámite a 37 iniciativas del tema.

Uno de los puntos que más frecuentemente se toca es el de la independencia judicial. Para garantizarla, es necesario que el presupuesto del Poder Judicial esté fijado en ley, de manera que no se otorgue según el arbitrio del legislativo.

Por tanto, se ha propuesto que del presupuesto global de cada entidad se destine una parte prestablecida a su Poder Judicial entre el 2 por ciento y 3 por ciento de acuerdo con las necesidades particulares de cada parte integrante de la Federación.

Finalmente, un estudio relativo al nepotismo, realizado por Felipe Borrego Estrada, consejero de la judicatura, devela que casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial (de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6 por ciento), dato que suministra un indicio alarmante de corrupción. Para erradicarlo, es recomendable impulsar la selección de juzgadores a través de concursos de oposición, medida que, dicho sea de paso, también abonará a la independencia respecto de otros poderes.

Flor de loto: “No tenemos un Estado de Derecho que preservar, tenemos un Estado de Derecho que construir”

•Especialista en Derecho Constitucional

y derechos humanos