La región latinoamericana es de las más peligrosas para las personas defensoras del medio ambiente, reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
El estudio titulado “El Acuerdo de Escazú, una herramienta para la democracia ambiental”, refiere que la organización internacional Global Witness señala que 60 por ciento de los asesinatos registrados de activistas ambientales en el mundo durante 2017 sucedieron en América Latina, particularmente en Brasil, Colombia, México, Perú, Honduras y Nicaragua.
En México, de acuerdo con datos de la Centro Mexicano de Derecho Ambiental, tan sólo en 2018, se registraron 49 agresiones registradas contra activistas ambientales, de las cuales 21 correspondieron a asesinatos.
El 27 de septiembre de 2018, el Gobierno de México firmó el Acuerdo de Escazú, primer pacto jurídicamente vinculante para los países de América Latina y el Caribe en materia de justicia y asuntos ambientales; sin embargo no ha sido ratificado.
Con este Acuerdo, según la investigación del IBD, México estaría obligado a implementar medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de este tipo de activistas.
“En el marco del desarrollo sostenible, cobra importancia la democracia ambiental, la cual enfatiza los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, con la finalidad de incluir en la toma de decisiones a todas las personas que potencialmente sean afectadas por la misma debido a la alteración del medio biofísico del territorio”, indicó la investigación.
La parte más innovadora de este instrumento internacional, subraya el estudio, es la que se refiere al derecho de acceso a la justicia, ya que por primera vez se reconoce en un ordenamiento internacional disposiciones orientadas específicamente a la protección y defensa de activistas ambientales.
Redacción ContraRéplica
Imagen Cuartoscuro