Ley de Extinción busca crear bases clientelares, acusan

La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio que discute en estos momentos el Senado, contempla que será el “Gabinete Social” de la Presidencia de la República el que determinará el destino de los bienes confiscados y los recursos obtenidos de los grupos de crimen y, que serán utilizados en “programas sociales” de forma directa, dejando fuera al Congreso y al Poder Judicial en esas asignaciones, como actualmente ocurre.

De acuerdo con legisladores consultados por ContraRéplica, esa propuesta enviada por el Ejecutivo señala que los bienes incautados a los delincuentes, serían depositados al Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA), o bien, canalizados de manera directa a dependencias federales.

▶ Lo anterior, contraviene las facultades de la Cámara de Diputados como poder encargado de distribuir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y por ende, se modifica de facto la legislación vigente en la que participan los tres Poderes de la Unión al ser la Fiscalía General de la República donde también se decide el destino de esos recursos.

El senador panista Gustavo Madero criticó la propuesta por ser “evidentemente populista” y afirmó que el “Gabinete Social” es una figura que no existe ni en las leyes ni en la Constitución y “es el camino que Hugo Chávez siguió y es el modelo básico que quiere replicar, basado en una estrategia populista y nacionalista, sería una terrible noticia para nuestro país. Ya se demostró que al tener tantos recursos y libertades ahorita está postrada en la mayor de las crisis humanitarias”.

Por ello, subrayó que el PAN esta en contra de esta idea. “No es dinero del Presidente para que se lo gaste electoralmente, para eso está la Cámara de Diputados que es la que asigna los presupuestos. Es una estrategia más de ser un Robin Hood o Chucho El Roto”.

Por separado, la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien forma parte de la Comisión de Justicia aseguró que “con esas barbaridades” ya se dan facultades inconstitucionales al Gabinete Social para que puedan quebrantar las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados en materia presupuestal.

“Podría atentar contra las finanzas publicas, puesto que no habría control del manejo del gasto por parte de los ejecutores, poniendo en riesgo a la hacienda publica”, expuso.

Al respecto, Juan Ibarrola, experto en Seguridad y Fuerzas Armadas, indicó que es importante conocer quién conformaría ese “gabinete social”, a fin de que se tenga claridad sobre el destino de los recursos de los bienes confiscados, aunque aclaró, no hay un monto total sobre éstos.

La iniciativa en poder de este diario dice textual: “El Gabinete Social podrá donarlos o asignarlos, según corresponda, a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en programas sociales”.

Aunque la figura de “Gabinete Social” actualmente no está contemplada en la administración pública, el documento que discuten los senadores señala que “es la instancia colegiada de formulación, coordinación, transferencia de los bienes y tendrá entre sus atribuciones: proponer, definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la pertinencia de la asignación o transferencia de un bien en proceso de extinción de domino”.