Estudios en riesgo
Durante la supervisión del Instituto Rosario Castellanos, plantel Coyoacán, algunos alumnos se quejaron de que no hay maestros, tampoco les han dado su número de matrícula, lo que podría afectar sus estudios, además de que a algunas carreras les faltan sus respectivos registros, ahora se espera que las autoridades educativas de la capital puedan hacer algo al respecto.
Detectan irregularidades
La encargada de despacho de la UACM, Aida Patricia Arenas, reconoció que durante las dos gestiones anteriores se presentó una crisis por descuido y falta de seguimiento en las obras realizadas por esa institución, por lo que han trabajado de la mano con la Contraloría, la Tesorería y la Oficina del Abogado General de la universidad para resolver la mayor parte de los problemas. Reveló que nueve contratos abiertos representan el 80 por ciento del total del presupuesto total y se está procediendo legal y administrativamente en las fallas que han detectado las auditorias.
Piden acompañamiento
Después de que se presentara un punto de acuerdo para investigar las compras realizadas en el Congreso de la Ciudad, el Oficial Mayor, Alfonso Vega, aclaró mediante un comunicado dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, que “la decisión de suspender de manera definitiva la licitación para la adquisición de uniformes, cumplió en todo momento con las normas aplicables y que incluso fue avalado por la Contraloría del Congreso. Además, pidió autorización para que la oficina de las Naciones Unidas acompañe las adquisiciones que se realicen en adelante.
Fotocívicas ilegales
El diputado Jorge Gaviño denunció que la aplicación de fotocívicas es ilegal, toda vez que se fundamentan en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, la cual, ya fue abrogada. Esto al mostrar durante la Mesa de Trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa una infracción que así lo acredita. El diputado del PRD explicó que las fotocívicas tendrían que aplicarse conforme a la Ley de Cultura Cívica, la autoridad contaba con 120 días para contratar los sistemas tecnológicos para tal efecto, plazo que venció el ocho de octubre.