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Los cárteles de los amparos

Los cárteles de los amparos

Columnas jueves 19 de septiembre de 2019 - 04:24

En el actual contexto político y social se han promovido un conjunto de amparos contra ciertas decisiones del gobierno federal —específicamente los relacionados con los aeropuertos Texcoco-Santa Lucía, la refinería de dos bocas y el tren maya—.

Estos amparos han sido vistos con desconfianza por algún sector político de nuestro país, bajo la consideración de que la verdadera intención es frenar las políticas públicas impulsadas.

Se ha señalado que existen “cárteles de amparos” que buscan desestabilizar a la administración pública federal.

Para remediar lo anterior, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para crear un régimen sancionatorio de quienes ejerzan la profesión de manera indebida, presentando testigos o documentos falsos o entorpeciendo deliberadamente los procesos de amparo.

Bajo la idea de que lo pretendido es que el amparo no sea utilizado en forma estratégica para paralizar a la administración pública, creo que la medida puede ser adecuada, sin embargo, encuentro al menos, dos vicios relevantes que anuncian la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la propuesta.

La iniciativa prevé que sea el Consejo de la Judicatura Federal el órgano que sancione a los abogados que resulten responsables, pudiendo privarles del ejercicio de la profesión. Así pensada, la sanción violaría el artículo quinto de nuestra Constitución, el cual establece que la libertad de trabajo solamente puede ser restringida por determinación judicial.

Es importante recordar que el Consejo de la Judicatura no es una autoridad judicial, sino que de conformidad con el artículo 94 constitucional, es un órgano que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, es decir, su naturaleza es administrativa.

La objeción en el ámbito convencional es que por disposición del artículo 100 de nuestra Constitución, contra las resoluciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal no procede recurso alguno, lo que implica que, si algún profesionista resulta sancionado y se le suspende en el ejercicio de su carrera, no podría promover recurso alguno, ni siquiera el amparo.

Esta situación sería contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a que los Estados miembro —entre ellos México-— prevean recursos efectivos para que la ciudadanía acuda a reclamar los actos de autoridad que afecten sus derechos, lo que en el caso no sucedería.

Si lo que realmente se busca es orientar la actividad de la abogacía hacia un desempeño ético, pienso que la iniciativa no debe circunscribirse, únicamente, a la práctica profesional en el amparo, sino ampliarse a todos los procesos y juicios en los que participan abogados, así como promover la colegiación obligatoria que es un gran pendiente en México. Esto haría, además, que la propuesta no pareciera un traje a la medida que, en realidad, busca inhibir la defensa de derechos fundamentales.

•Especialista en Derecho Constitucional
y Teoría Política

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/CR

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