Los empresarios de la muerte

Otro dato veraz es que cada vez hay más armas de fuego en el país: cifras proporcionadas por el Inegi señalan que el índice de conductas antisociales observadas por la población que más creció de diciembre de 2015, a la fecha, fue el de armas disparadas en las calles que se movió de 22.1 a 42.7. El índice de homicidios cometidos con armas de fuego se incrementó, en menos de 10 años, de tres de cada 10 a siete de cada 10. Los enfrentamientos entre grupos rivales, disputándose el paso de narcóticos y las plazas de narcomenudeo o huachicol, son cada vez más violentos y su índice de letalidad crece.

A mediados de 2017, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública acordó solicitar al Congreso la reforma al artículo 19 constitucional para agregar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la portación y el acopio de armas de fuego. Hasta antes de que el nuevo sistema de justicia penal iniciara su vigencia plena en el país, en junio de 2016, si la policía detenía en las carreteras a una persona con armas era remitido al Ministerio Público y de ahí puesto a disposición de la autoridad judicial en el interior de un centro penitenciario. Hoy, ese mismo sujeto, asegurado con armamento de alto poder, lo más probable es que regrese a las calles, tan campante, a seguir haciendo lo suyo. Lo suyo es matar.

La modificación, aprobada recién por el Constituyente, incluyó este delito, entre muchos otros. Falta, empero, se reforme el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el cambio sea viable.

Mientras esto sucede, se calcula que ingresan a nuestro país desde EU más de 2 mil armas de fuego al día. Cualquier ciudadano a partir de los 18 años, puede adquirir, en ese país, una pistola, un lanzagranadas, un mortero, una ametralladora. Amparados en la segunda enmienda de su Constitución “…el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”, los empresarios del rubro, protegidos por la poderosa NRA (Asociación Nacional del Rifle) siguen enriqueciéndose a costa de nuestros conflictos, pues igual le venden al narcotraficante que al Ejército. Igual al ladrón que al policía.

La muerte de una estudiante viene a ser, para ellos, los armeros, no la tragedia que es, sino un daño colateral. Sólo haciendo frente a esta cuestión será factible el desarme nacional que pide el rector Graue.

•Excomisionado Nacional

de Seguridad: @Ley13091963