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Magistratura Anticorrupción

Magistratura Anticorrupción

Columnas martes 11 de junio de 2019 - 03:16


En estas mismas páginas he deplorado la generalizada falta de atención a una norma que en realidad es el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyos dispositivos podemos ver la verdadera lucha contra el flagelo y conocer los mecanismos disponibles para su prevención, persecución y sanción. En efecto, los procedimientos e instituciones que esta ley regula son la estructura ósea y los músculos por los que en realidad se expresa y discurre el compromiso del Estado mexicano con una nueva arquitectura de integridad pública, construida en 2015 desde la constitución para encarar una ruidosa indignación social contra los excesos de un régimen político que parece estar terminando.

La principal trabe de ese andamiaje es un tribunal federal autónomo con nuevas salas especializadas en casos anticorrupción, que al día de hoy siguen acéfalas, a pesar de que sus titulares fueron nombradas y nombrados desde abril de 2017, pero que aún no pueden tomar sus cargos. Eso podría empezar a cambiar el próximo lunes 17, cuando ellas y ellos empiecen a comparecer ante legisladores federales para que dictaminen en breve si ratifican o rechazan sus nombramientos, realizados por cierto a partir de una propuesta presidencial, efectivamente, pero construida en ejercicio de facultades exclusivas, que no invaden las de nadie más y a partir de consultas con el propio tribunal, las fuerzas políticas, la academia y el foro especializado.

Todo este desorden empezó porque la legislatura anterior del Senado congeló dichos nombramientos, sin pronunciarse, teniendo deber de hacerlo. Contra esa omisión, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA demandaron amparo en mayo 2018 solicitando al poder judicial federal remediar el vacío institucional y ordenar al Senado tomar una decisión. Un juez de distrito les dio la razón en agosto, resolución que, impugnada por el Senado actual, fue confirmada, reforzada y ampliada en abril de este 2019 por un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC).

En acatamiento, el Senado, emitió acuerdo a finales de mayo pasado para reiniciar el procedimiento y, por estar en receso, turnó el expediente a la Comisión Permanente para que desahogue dichas comparecencias y por fin decida si la 4T conserva estos Magistrados y Magistradas.

Esta telenovela acaba de presentar una nueva vuelta de tuerca. Hace unos días, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte impugnando la segunda sentencia (la del TCC) y alegando invasión de facultades, recurso que, según criterio #166464 de 2009 de la Segunda Sala del propio alto tribunal, ya fue desechado de plano por manifiesta e indudablemente improcedente. Si el ejecutivo insiste y recurre el desechamiento, el asunto entero se seguirá complicando y la final conformación de las salas especializadas anticorrupción, indispensables y urgentes en el combate al flagelo, seguirá en suspenso, inmerecidamente.


•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2

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/CR

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